«Informamos que Jhonny Romero fue liberado y está llegando a su casa. Jhonny nos comunicó que los activistas de Fundaredes fueron, presuntamente, trasladados a la sede del Sebin (Servicio de Inteligencia) en Caracas», publicó Provea en su cuenta de Twitter.
Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, fue detenido junto a Tarazona y los también miembros de Fundaredes Rafael Tarazona y Omar García.
Todos ellos se encontraban en la sede de la Fiscalía en el municipio de Coro, capital del occidental estado Falcón, a donde Javier Tarazona había acudido para denunciar que estaba siendo «víctima de acoso y persecución» por funcionarios de la Policía de esa región, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y sujetos sin identificar.
Varias ONG venezolanas, como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Foro Penal y Acceso a la Justicia, también exigieron la liberación inmediata de los activistas.
Acceso a la Justicia señaló que los defensores de derechos humanos detenidos tienen una medida de protección emanada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También condenó los arrestos la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Érika Guevara-Rosas, quien calificó la detención como un «ataque» contra los defensores de derechos humanos en Venezuela, «que se suma a los 97 denunciados por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas».
Tarazona fue una de las voces fundamentales para informar acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado, se prolongó durante cerca de dos meses entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y dejó un saldo indeterminado de fallecidos.
Al frente de Fundaredes, se convirtió en una fuente clave para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.
