El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, pidió este martes sancionar con la inhabilitación a los abogados que no reconozcan la autoridad de la corte que encabeza, que ha sido acusada de servir al Gobierno y cuya legitimidad rechazan tanto el Parlamento como la Fiscalía.
Considero que aquellos abogados que desconocen a las autoridades del TSJ deben estar impedidos permanentemente de actuar ante instancias judiciales, afirmó Moreno en las redes sociales.
Ningún abogado de la República puede prestarse a actos írritos que pretendan desconocer a las autoridades judiciales. Menos aún puede un abogado aceptar cargos ilegítimos, devenidos de procedimientos inconstitucionales, agregó Moreno.
El presidente del TSJ hacía alusión a la designación el pasado viernes por parte del Parlamento -de mayoría opositora- de 33 magistrados paralelos para sustituir a otros tantos jueces del Supremo no reconocidos por la Cámara por supuestas irregularidades en su nombramiento.
La medida del Parlamento vino después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, iniciara sin éxito un recurso contra los nombramientos de 33 jueces del Supremo en ejercicio por fallos de procedimiento en su designación por el Parlamento, en ese momento de mayoría chavista, en diciembre 2015.
Tres de los magistrados paralelos nombrados el viernes pasado por el Parlamento, Jesús Rojas Torres, Zuleima González y Ángel Zerpa, han sido detenidos por el Sebin, unos arrestos calificados de ilegales tanto por el Parlamento como por la Fiscalía.
El presidente del país, Nicolás Maduro, les ha tachado de usurpadores y ha afirmado que los 33 jueces designados por el Parlamento de mayoría opositora irán presos «uno por uno».
Tras efectuar la Cámara los nombramientos, el TSJ pidió medidas de coerción para quienes estuvieron implicados en el proceso y advirtió que los designados incurrían en un delito de «traición a la patria» contemplado por la justicia militar.
Quienes dedicamos nuestra labor al ejercicio del Derecho, debemos respeto al Sistema de Justicia, a la Constitución y a la ley, añadió Moreno este martes.
«Bajo ningún pretexto, podemos permitir que el Poder Judicial sea víctima de agresiones que constituyan violaciones al Estado de Derecho», concluyó.
