Otra parte del informe que será publicado este 5 de julio por la ONU sobre la crisis venezolana, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refiere a militarización de los pueblos indígenas, en el que asegura han provocado viollencia e inseguridad.
Ante esta situación la ONU recomendó a la administración de Nicolás Maduro que “cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra”
Los pueblos indígenas son parte de la población más afectada por la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela. El abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad y la política unilateral de Nicolás Maduro hacia los países vecinos, han traído graves consecuencias a estos pobladores.
Michelle Bachelet, expresa que, acciones como la militarización de tierras y recursos tradicionales de las poblaciones indígenas han provocado una ola de “violencia e inseguridad en sus territorios”, todo esto durante los últimos años.
El informe advierte que esto representa serías “violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras”, lo que ha hecho que estas personas pierdan el derecho sobre aquello que les pertenece.
El documento reitera que en Venezuela los indígenas -que constituyen un 2,5% de toda la población- se han visto enfrentados a los mismos desafíos en materia de derechos humanos que el resto del país, aunque muchas veces se han enfrentado a retos mucho mayores.
“La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido a la alimentación y a la salud”.
Bachelet explicó que medidas tomadas por Nicolás Maduro como el cierre de la frontera con Brasil y Colombia, han traído consecuencias graves en los grupos indígenas, “cuyo territorio tradicionalmente se extiende a ambos lados de la frontera, como lo son los Wayuú».
Desde la ONU se denuncia la presencia de grupos armados en territorios indígenas, muchos en búsqueda de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar. Resalta el aspecto diferenciador de la incursión de estas personas en esas zonas, afectando gravemente a mujeres y niñas.
“La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales”. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades, constituye una violación de su derecho a la consulta”.
También hace referencia el documento a la muerte de siete indígenas durante el 2019 en circunstancias que consideraron violentas. “Las autoridades y los/as dirigentes indígenas, comprendidas las mujeres, son objeto con frecuencia de amenazas y ataques por parte de agentes estatales, lo que repercute en su derecho a la libre determinación. En el estado Bolívar, las comunidades pemón que se oponen al gobierno, en particular las autoridades y los/as dirigentes indígenas, se enfrentan a una represión selectiva por parte de los agentes del Estado”.
El informe recuerda a lo ocurrido durante lo que fue el intento de la oposición por ingresar al país la ayuda humanitaria, “en febrero de 2019, se produjeron incidentes violentos en el territorio pemón en el contexto de la posible entrada de ayuda desde el cercano Brasil. Sin embargo, no se produjeron de forma aislada, sino en medio de la tensión entre el gobierno y la comunidad pemón, la cual denuncia una creciente inseguridad, de la que son muestra las muertes causadas el año pasado”.
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