La ministra alemana de Justicia, la socialdemócrata Katharina Barley, afirmó que los pasos a seguir respecto a la euroorden contra el expresidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, competen al ámbito estrictamente judicial y bajo procedimientos muy bien delimitados .
«Con las euroordenes se sigue un proceso judicial muy claramente reglamentado y es el que se pone en marcha ahora», indicó Barley, en declaraciones al primer canal de la televisión pública alemana Ard, destacó Efe.
Los pasos a seguir «son ahora puramente judiciales, añadió, para añadir que, desde su departamento, corresponde simplemente «esperar».
Puigdemont fue detenido al entrar en territorio alemán desde la frontera con Dinamarca, tras casi cinco meses de haber huido de España y a las 48 horas de que se activara la euroorden, en una operación coordinada por los servicios de inteligencia española.
La detención se produjo en el estado federado de Schleswig Holstein y el líder soberanista catalán ingresó unas horas después en la cárcel de Neumünster, a unos 40 kilómetros de la capital del «Land», Kiel.
Mañana mismo comparecerá ante el Tribunal Administrativo de este Estado federado fronterizo con Dinamarca, comparecencia cuyo cometido es comprobar la identidad del detenido, entre otras formalidades.
Se decidirá asimismo si pasa de arrestado a detenido, en ese caso en una prisión a la espera de que se decida sobre la petición de extradición de la Justicia española, una decisión que es competencia exclusiva de la Fiscalía General de Schleswig.
El plazo máximo para decidir y eventualmente ejecutar su entrega a España es de 60 días a partir del día de la detención, independientemente de los recursos que puedan presentarse contra ésta, precisaron a Efe fuentes del ministerio de Justicia.
El Código Penal alemán no tiene tipificado como tal el cargo de rebelión que le imputa la Justicia española, pero sí el de alta traición, que en el artículo 81 del Código Penal contempla una definición similar.
Se prevén ahí penas de cárcel «de no menos de diez años» o «hasta cadena perpetua» -lo que en Alemania equivale a un máximo de 25 años- para «quien menoscaba con violencia o amenaza de violencia» al estado alemán en su conjunto o amenaza «el orden constitucional» de la República Federal de Alemania (RFA).
El vicepresidente del opositor Partido Liberal (FDP), Wolfgang Kubicki, rechazó en declaraciones a medios alemanes que pueda extraditarse a Puigdemont a España en virtud de los cargos que le imputa el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Asimismo desde la oposición parlamentaria, La Izquierda exigió la inmediata puesta en libertad del expresidente autonómico catalán.
