(Foto Cortesía)

Expediente que conducirá a una investigación penal nacional e internacional bajo la figura de crímenes de lesa humanidad en Venezuela se comenzó a sustanciar, informó el coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, luego de alertar sobre la grave situación de salud y alimentación en el país, como consecuencia de no aplicar la Constitución.

El jurista manifestó que la negación, la falta de corazón y de tolerancia del Jefe de Estado son elementos claves que definen la situación que atraviesan los venezolanos. 

Narváez aseguró que el agravamiento de la salud y alimentación de la población coloca al Estado como el violador sistemático de los Derechos Humanos, que sólo puede ser calificado como un acto criminal, que el presidente no acepte ni siquiera la ayuda de la Cruz Roja Internacional, como institución mediadora para la conformación de un canal humanitario en el país.

El presidente Maduro olvidó que la salud es un Derecho Humano fundamental en donde el Estado, está en la obligación de proteger, promover y buscar la forma de satisfacer el déficit que se produce cuando los pacientes acuden a hospitales públicos o a una farmacia y no consiguen los insumos básicos para contrarrestar la enfermedad, indicó.

Narváez deploró que hayan fallecido más de 14 pacientes renales, por falta de los insumos, que sin estos medicamentos están condenados a la muerte, como es el caso de más de 16 mil pacientes, que esperan por el funcionamiento de unas 36 máquinas de diálisis que se encuentran fuera de servicio.

El jurista aprobó el reciente planteamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) de estudiar un expediente que fue construido a raíz de las manifestaciones que se iniciaron en el país a partir del 4 de abril de 2017. Momento en el que el presidente Maduro, sin haber evaluado o recibir orientación de su Procurador, decretó el Plan Zamora, que no disuadió las manifestaciones, sino que cometió delitos que no figuran en las leyes nacionales, opinó.

La instancia abarca la posibilidad de investigar a los altos funcionarios del gobierno, tal como lo establece el Estatuto de Roma, e incluso a los Jefes de Estado, afirmó.

Nota de Prensa




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