Varias ONG de Venezuela se pronunciaron ante la situación de violencia que viven líderes indígenas, por lo que exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro firmar el Acuerdo de Escazú, y con ello, poder proteger a los defensores de los ecosistemas de los actos de represión en su contra.
A través de un comunicado, las diversas organizaciones solicitaron el pasado 05 de junio al Estado venezolano ratificar y adoptar de forma inmediata las medidas establecidas en Escazú, las cuales son necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información, acceso a la justicia, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales.
Silencio. Así se ha mantenido la voluntad de la administración chavista parar firmar el documento, cuya aprobación entró en vigor para la región desde el 2021. Por ello, los pueblos indígenas y otros defensores ambientales del país se han mantenido difundiendo esta labor, pese a que se encuentran expuestos a las agresiones y a la violencia.
“Observamos con preocupación el desinterés de nuestro Gobierno de unirse al Acuerdo de Escazú. Nuestro pueblo Uwottüja presente en el municipio Autana, estado Amazonas, le pide firmarlo porque Escazú contiene elementos como la protección de la biodiversidad y de los defensores del medioambiente”, señaló un líder indígena del pueblo Uwottüja, quien pidió la protección de su nombre debido a la grave situación de seguridad que se vive en el sur del país.
Líderes indígenas asesinados
Al menos 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados entre 2013 y 2021, informó la red de organizaciones de la sociedad civil Odevida, la cual está integrada por Clima21, Provea y la colombiana Pares. Este registro concluyó que 21 de ellos fueron asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Esas cifras se contrastan con el caso del líder Uwottüja Virgilio Trujillo, quien fue asesinado el 30 de junio de 2022 en Autana tras oponerse a las pistas ilegales del narcotráfico y a la minería ilegal. Sin embargo, su muerte no ha sido investigada, por lo que demandan que se inicie el proceso judicial correspondiente en contra de los responsables.
¿Por qué Venezuela necesita firmar el Acuerdo de Escazú?
“En particular, Venezuela es uno de los países donde Escazú puede ser más importante. Necesitamos el acceso a la información, la participación y a la justicia en temas ambientales”, dice Alejandro Álvarez,
Para el biólogo y coordinador de la ONG Clima21, Alejandro Álvarez, la adición de Venezuela a Escazú sería importante, pues implicaría el acceso a la información, la participación y a la justicia en temas ambientales; sin embargo la realidad es que no hay acceso a datos oficiales ni intenciones de que el gobierno ratifique el acuerdo.
“Venezuela solo necesitaría manifestar su voluntad de hacerlo ante el organismo que coordina el Acuerdo de Escazú (la CEPAL) y seguir los pasos necesarios para legalizar este proceso: firma del acuerdo y ratificación por parte de la Asamblea Nacional”, expresó.
Violencia y más violencia, eso es lo que reciben los defensores y pueblos indígenas
Desde asesinatos, agresiones y hostigamientos. Esas son algunas de las violencia perpetradas a defensores de esta actividad, por lo que con Escazú pudiera ser una base para sustentar y proteger a estas personas, expresó. De esta forma, ya no sería un riesgo desempeñar la defensa de los derechos ambientales en Venezuela.
En marzo de 2022, se reportó una masacre del pueblo yanomami en el estado Amazonas. Varios militares del puesto de la sierra Parima Tapirapecó fueron señalados como los responsables de la muerte de cuatro pobladores indígenas, en medio de una disputa sobre el uso del servicio de Wifi, describe el artículo de Provea. Mientras que en junio de este año, líderes del pueblo yekuana denunciaron a través de la organización de la sociedad civil Kapé Kapé la incursión de mineros ilegales en su territorio.
En tierras yanomami se han detectado por lo menos 50 focos de minería ilegal, como reveló un informe de 2022 de la organización de la sociedad civil SOS Orinoco.
Negocios con las autoridades y más de 90 focos de minería ilegal y aún así el estado venezolano no tiene la voluntad política de acabar con la minería ilegal en el sur de Venezuela, resaltó Cristina Burelli, fundadora de la organización de la sociedad civil SOS Orinoco.
“Es necesario la articulación del pueblo Indígena y el gobierno para la defensa del medio ambiente en el Estado Amazonas”, expresó el líder Uwottüja, quien está cansado de las amenazas que reciben constantemente, por lo que esperan la ratificación de las autoridades con el acuerdo.
Con información de Provea
¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?
Únete a nuestro canal de Telegram
https://t.me/titularesec
O a nuestro grupo de whatsapp
https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b
