En el país existe aproximadamente una sobrepoblación de reos de 250,86%, estimó la organización Una Ventana a la Libertad, a través de nota de prensa.
El texto señala que desde el 2016 Una Ventana a la Libertad ha monitoreado la situación de los centros de detención preventiva en varios estados del país, por lo que regularmente se ha publicado alertas, notas de prensas y documentos que reflejan las recurrentes violaciones a las garantías constitucionales en esos centros de detención.
Una de las investigaciones de la ONG contiene un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de 14 mil 525 personas que han permanecido recluidas en 198 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país durante 2017.
En un estudio, realizado durante el 2017, determinó que en 96,46% de las infraestructuras penitenciarias utilizadas no poseen un comedor, 62,12% no tiene servicios higiénicos, 64,11% no posee suministro de agua potable y 98,48% no cuenta con servicio médico.
«Se pudo corroborar las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran los derechos fundamentales», expresa el documento.
Una Ventana a la Libertad exigió a las autoridades del Ministerio del Servicio Penitenciario que asuman su responsabilidad, además, indicó que la policía no es el organismo que tiene la capacidad de resolver los problemas de los privados de libertad en los Comandos de Policiales.
El Ministerio es el que debe terminar las infraestructuras carcelarias y es el que debe obligar a las instituciones, como el Ministerio Público, a actuar ante el retardo procesal.
Nota de Prensa de Una Ventana a la Libertad
