Organizaciones no gubernamentales, activistas pro derechos humanos y familiares de detenidos por razones políticas demandaron este miércoles 22 de julio que el Estado venezolano otorgue la excarcelación total e inmediata a todos los aprehendidos por causas ideológicas. Los voceros alertaron que las precarias condiciones carcelarias se volvieron sumamente peligrosas a raíz de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Durante un encuentro con medios de comunicación en Caracas, los distintos entes expusieron un comunicado conjunto donde remarcaron que la contingencia provocada por los sismos agravó la crisis humanitaria, por lo que esta emergencia no podía servir de excusa para ignorar las exigencias de justicia y libertades fundamentales.
El texto fue leído por Marta Tineo, líder de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), quien definió el manifiesto como un llamado apremiante a la comunidad global para que no apartara su mirada de Venezuela y brindara respaldo a los damnificados.
Denuncias sobre vulneraciones en recintos penitenciarios
Uno de los puntos centrales del reporte abordó la realidad que enfrentaba la población penitenciaria calificada como presa por motivos políticos.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), advirtieron que recintos como El Rodeo I, el INOF, Yare y Guaicaipuro operaban al margen de los convenios internacionales. Esto sometía a los reclusos a fallas estructurales graves, carencia de asistencia médica y situaciones que atentaban contra su integridad.
Yovanka Ávila, representante de Clippve, recordó que el 5 de julio se ejecutó un operativo de seguridad en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, en el cual se emplearon gases lacrimógenos y medidas de aislamiento que perjudicaron a detenidos con condiciones médicas previas.
Asimismo, indicó que a pesar de haber llevado estas denuncias en una reunión efectuada el 13 de julio ante el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, el funcionario rechazó los señalamientos y desmintió el uso de químicos y perdigones.
Por su parte, Ronnie Boquier, miembro del equipo jurídico de Cofavic, reiteró la angustia que embargaba a los detenidos arbitrariamente y a sus parientes, señalando la falta de respuestas institucionales ante el sufrimiento de los afectados.
Reconstrucción con perspectiva de derechos humanos
Las agrupaciones civiles recalcaron que los trabajos de recuperación tras los terremotos no debían centrarse exclusivamente en levantar infraestructura y viviendas, sino que exigían incorporar salvaguardas para los sectores más desprotegidos.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, enfatizó que la tragedia sísmica no podía fungir como pretexto para archivar los reclamos de justicia ni las denuncias sobre abusos de poder.
A su juicio, la problemática principal radicaba en la falta de voluntad política por parte de la administración central para atender el dolor de las familias vulneradas.
Para finalizar, las organizaciones insistieron en que el proceso de reconstrucción nacional debía regirse por estándares profesionales, técnicos y democráticos, instando a la comunidad internacional a fiscalizar de manera permanente la realidad venezolana en medio de la actual coyuntura.
