Humberto Prado, director general del OVP. (Cortesía)

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) envió una denuncia a la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al relator especial sobre Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayan, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por el traslado de 30 presos de la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, al puente Las Tienditas, en la zona fronteriza con Colombia, donde se registraron los sucesos violentos con motivo del ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23.

Según se pudo observar por videos difundidos a través de las redes sociales, los presos estaban siendo utilizados como voceros políticos, haciendo arengas a favor del gobierno.

“Nosotros decidimos ser libres y vamos a ser libres. Aquí nosotros no nos  arrodillamos a ningún imperio yankee. Hoy por los momentos estamos privados de libertad pero mañana estaremos en la calle para ayudar al ciudadano presidente Nicolás Maduro y para ayudarla a usted ministra a defender esta patria sagrada”.

“A defender lo que tanto luchó Chávez, ese hombre que dio la vida por cada uno de nosotros y que hoy la mayoría de privados de libertad son hombres humanizados, hombres dispuestos a defender la patria y la revolución y aquí no le tenemos miedo a ningún yankee”.

“Sea lo que sea tenemos el pulso para defender la patria porque por nuestras venas corre sangre de valientes, la sangre de Bolívar, la sangre de Chávez, la sangre de Guaicaipuro, del negro Felipe”.

“Así que camarada ministra eternamente agradecido con usted por su valentía, por su esfuerzo, por ser leal al comandante Chávez y por verdaderamente ser una hija de Chávez”.

Así fue la intervención de un preso, trajeado de color amarillo, durante un acto en el que estuvo presente la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Humberto Prado, director general del OVP, dijo que la comunicación remitida a Bachelet es con el objeto de informarle que se hizo un traslado irregular de un grupo de internos, sin la autorización de los jueces que tienen los expedientes de sus procesos, ni de los funcionarios encargados de la custodia.

En dicha denuncia le explican a Bachelet los pormenores relacionados con las prácticas sistemáticas de ideologización y orden cerrado que llevan a cabo en los centros carcelarios del país, a los fines “de que llame la atención al Estado venezolano para que elimine este tipo de formación a la población reclusa y que cumpla funciones de reinserción social”, dijo Prado.

A Diego García Sayán se le pide que llame la atención y se envíe una comunicación sobre ese tipo de actitud y de las irregularidades que se cometen en el Servicio Penitenciario venezolano.

Prado recordó que desde el año 2012 la organización que dirige viene denunciando la ejecución de actividades de orden cerrado y otras prácticas militares en algunas cárceles.

En el año 2014 el Observatorio hizo la denuncia en Naciones Unidas, en audiencias del Comité Contra la Tortura, y en consecuencia los integrantes de ese comité emitieron una resolución, y en el numeral 14, letra D, le indican al Estado venezolano que “evite la instrucción militar de la población penal e incremente las actividades destinadas a la reinserción social”.




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