La jueza del caso Pdvsa-Cripto, Alejandra Romero, convocó a la audiencia del 1 de junio sin la presencia física de los detenidos que están en la cárcel Rodeo I de Miranda. Esto ocurre mientras seis reclusos se declararon en huelga de hambre en Yare II y su estado de salud es complicado, confirmaron fuentes a El Pitazo.
La información a la que el medio de comunicación tuvo acceso reveló que los seis reclusos que están en huelga de hambre son Walter Ranieri y su hermano Massimiliano, además de los choferes Luis Guzmán, Miguel Irigoyen, Jean Golman Meyer y Ramon Cardozo, los cuatro fueron detenidos por la trama por asociación para delinquir y apropiación de bienes indebidos en marzo de 2023.
Miguel Irigoyen ha sufrido tres parálisis faciales en prisión. Los hermanos Ranieri también tienen problemas de salud que no han sido atendidos: Walter tiene una cardiopatía congénita, problemas de colon, úlcera erosiva y en la cárcel ha perdido al menos dos piezas dentales y tiene desnutrición. Actualmente pesa 63 kilos.
Massimiliano tiene un carcinoma de la glándula tiroidea. Antes de la detenció. Se sometió a una cirugía por esta causa.
Denuncias silenciadas del caso Pdvsa-Cripto
La trama de corrupción Pdvsa-Cripto se destapó en 2023 y terminó con al menos 61 empresarios y funcionarios del entorno de Tareck El Aissami presos por el desvío de 16.600 millones de dólares de la estatal petrolera –según estimaciones oficiales de Transparencia Venezuela–.
La audiencia número 15 se hizo por videoconferencias desde las cárceles. Los abogados defensores califican esta decisión como un intento de censurar testimonios comprometedores en contra de figuras del alto gobierno que han salido a la luz durante el juicio.
Uno de los detenidos que está en El Rodeo es el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien alertó que permanece en una celda de castigo y acusó al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, de intimidarlo en una visita reciente para que deje de declarar sobre las torturas que sufrió y otras irregularidades del caso.
Al menos tres grupos declararon ante la jueza de la causa que fueron víctimas de expropiaciones, confiscaciones y ventas forzosas de sus activos, a menudo bajo condiciones de coacción, incomunicación y presunta tortura.
Entre los casos destaca el de los hermanos De Grazia Suárez. El abogado y banquero Carmelo De Grazia, detenido junto a su hermano Daniel desde 2024, denunció que sus allegados recibieron amenazas de funcionarios de seguridad del Estado para saquear su patrimonio. Asegura que los despojaron de 14 empresas, incluida una que facturaba más de 36 millones de dólares anuales.
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