Luisa Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama y directora de Codevida, participó en una reunión con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde le correspondió presentar un breve informe sobre la situación de las personas con condiciones de salud crónica y los riesgos de los médicos en el área hospitalaria, como parte de la problemática del sector salud en Venezuela.
El encuentro se cumplió el pasado jueves 20 de junio, en el marco de la visita de Bachelet, quien fijó para ese día una reunión con las ONG de derechos humanos de Venezuela, las cuales, desde hace 15 años han realizado relatorías y denuncias sobre la situación en el país.
La presidenta de Funcamama fue la persona designada por las organizaciones y redes de salud de condiciones crónicas y Médicos Unidos Venezuela.
En su exposición, Luisa Rodríguez Táriba, señaló que la crisis en salud sostenida desde 2004 y convertida en Emergencia Humanitaria a partir de 2015, ha socavado el derecho a la salud y a la vida de los venezolanos.
“Las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, comunidad LGBTI, personas mayores con condiciones de salud crónicas NO tienen acceso a diagnóstico y tratamiento desde hace 3 años, en una situación generalizada de pobreza extrema y traumas físicos y psicológicos de la población debido a la violencia”, explicó.
Entre los datos alarmantes del sector salud indicó que desde el 2014, no hay cifras publicadas de los servicios de salud y en 2016 se dejaron de publicar todas las estadísticas epidemiológicas. “80% de la población NO tiene disponibilidad de centros de salud públicos, debido al desmantelamiento del sistema sanitario. 70% de las personas con condiciones crónicas están en riesgo de discapacidad o de grave empeoramiento de su salud, poniendo en peligro sus vidas.
Cerca de 18 millones de persona con alguna condición de salud no tienen posibilidad de acceso a medicamentos y más 300 mil con condiciones crónicas graves no tienen otra opción que esperar la muerte”.
“Solo un reducido número de personas tiene acceso a diagnóstico en pocas clínicas privadas y, quienes pueden, buscan salud a través del desplazamiento interno y la migración internacional”, puntualizó.
Por otra parte, refirió que los médicos en los hospitales públicos enfrentan condiciones precarias de trabajo y frecuentemente no tienen posibilidad de salvar la vida a las personas que necesitan servicios de salud urgentes.
“56 médicos de 11 Estados del país, han sido objeto de represalias, abusos y persecución por reclamar el derecho a la salud de las personas que acuden a los hospitales públicos, de acuerdo con Médicos Unidos Venezuela”.
Concluyó su informe solicitando “urgentemente la intermediación de la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos ante las autoridades venezolanas y todos los órganos competentes de Naciones Unidas para preservar la vida de todas estas personas y detener más sufrimiento humano, como mandato y obligación imperativa”.
Finalmente afirmó que “en Funcamama estamos seguros del compromiso de la Alta Comisionada de la ONU con la causa de la dignidad venezolana”.
Prensa Funcamama
