El primer ministro peruano, Alberto Otárola, afirmó este miércoles que la decisión de endurecer la política migratoria de su país «no es contra un grupo» específico de ciudadanos extranjeros, sino que busca «proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia» que considera que vive la nación andina.
«Sabemos que hay extranjeros que trabajan honradamente, y por ellos damos facilidades para que regularicen su situación. Todos somos migrantes y por eso les recalco: nuestra política no es contra un grupo, es una medida para proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia», sostuvo Otárola en un mensaje publicado en Twitter.
El primer ministro, quien actualmente cumple sus labores en aislamiento tras haber sido diagnosticado con la covid-19, mencionó una serie de asesinatos de ciudadanos peruanos «a manos de extranjeros» que han tenido gran cobertura mediática en las últimas semanas por su violencia extrema.
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Ante ello, añadió que el Gobierno ha decidido tomar «el toro por las astas» porque «todos estos crímenes fueron de execrable violencia y saña criminal, como nunca antes se han visto en el país».
Primer ministro
«No queremos que se repitan. No podemos permitir que una familia más vuelva a enlutarse por crímenes como estos», enfatizó.
Por ese motivo, reiteró que «para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y atender la crisis migratoria» su país expulsará a todos los extranjeros indocumentados «y no se permitirá el ingreso de personas que no presenten sus documentos en regla».
«Estas son las primeras medidas que tomamos como Gobierno», concluyó.
El Ejecutivo peruano endureció desde la semana pasada las medidas contra las personas que intentan ingresar a su territorio de manera irregular, con la entrada en vigencia del estado de emergencia decretado en todas las zonas de frontera después de que la presidenta, Dina Boluarte, responsabilizara a la migración del incremento de la criminalidad en su país.
Tras la medida, la situación en las fronteras se mantuvo en tranquilidad, con excepción de la sureña Tacna, en el límite con Chile, donde cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, Haití y Colombia, han protagonizado trifulcas con agentes de la Policía Nacional en su intento de ingresar al territorio peruano.
Autoridades peruanas y chilenas aseguraron en los últimos días que conversan sobre la posibilidad de abrir un corredor humanitario para atender la crisis migratoria en su frontera compartida y poder regresar a las personas desplazadas a sus países de origen.
Reforma constitucional
Boluarte informó, además, que el Ejecutivo planteará al Congreso una «reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera» y responsabilizó a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que son los que «lamentablemente están cometiendo» actos de delincuencia.
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Por su parte, el Superintendente de Migraciones, Armando García, declaró que unos 100 mil extranjeros que no han prorrogado su residencia podrán regularizar su situación gracias a una amnistía aprobada por el Ejecutivo durante un periodo de 6 meses.
Este martes, el ministro peruano del Interior, Vicente Romero, informó que unos 5 mil ciudadanos venezolanos desean volver desde Perú hacia su país y aseguró que también «se hacen los esfuerzos necesarios» para solucionar la crisis migratoria que se presenta en la frontera peruano-chilena.
