Un juez nicaragüense dictó hoy prisión preventiva a Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa y crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, acusado por lesiones imprudentes en un accidente de tráfico.
El juez primero local de audiencia de Managua, Jean Carlos Fernández, ordenó la prisión preventiva de Sánchez Sancho, quien también es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en un diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que se encuentra suspendido.
El Ministerio Público acusa al editorialista de La Prensa por lesiones imprudentes en contra del motociclista Otoniel Betancourt, con el que colisionó en una calle de Managua.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tildó hoy de «inaceptable» el trato de la Policía de Nicaragua hacia el editorialista del diario La Prensa, quien se encuentra retenido en una cárcel por un accidente de tráfico que no conlleva prisión.
Sánchez Sancho, de 76 años, fue capturado la mañana del sábado luego de verse involucrado en un accidente de tráfico, en el que arrolló a un motociclista que no respetó la luz roja de un semáforo en Managua, según sus familiares.
El responsable del editorial de La Prensa, se encuentra detenido a pesar de que el motociclista aceptó su error al no respetar una señal de tráfico, confirmar que sus lesiones fueron leves y estar de acuerdo en un arreglo extrajudicial.
La legislación nicaragüense permite que, en caso de un accidente de tráfico sin lesionados o con heridas leves, las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial sin que ninguna de ellas vaya a prisión.
Aunque Betancourt ya firmó el acuerdo, la Policía ha impedido que éste sea firmado por Sánchez Sancho, de acuerdo con sus familiares.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el arresto de Sánchez Sancho, el que calificó de «ensañamiento del régimen contra los periodistas independientes, que aprovecha cualquier situación para reprimir».
La Alianza Cívica es la contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica que desde abril pasado ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
El diálogo nacional se mantiene suspendido desde el 9 de julio pasado, cuando grupos oficialistas agredieron físicamente al Episcopado, que actúa como mediador.
Hasta antes de la detención del editorialista, la Policía de Nicaragua había capturado a 7 miembros de la Alianza Cívica, a quienes acusa de «terrorismo» y otros delitos.
Organismos humanitarios locales e internacionales cuentan unos 610 «presos políticos» en Nicaragua, cuyo Gobierno reconoce 273 detenidos que clasifica como «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Organismos humanitarios locales han calculado hasta 545 muertos, de los que el Gobierno acepta 199.
Ortega ha negado la responsabilidad y mantiene que venció un intento de «golpe de Estado».
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
