A solicitud del Ministerio Público fue privada de libertad la directora del Ambulatorio Norte de la Corporación de Salud del estado Aragua y Centro Regional de Atención Integral en Diabetes, Rocío Silva (49), por su presunta responsabilidad en el tráfico de medicamentos.
La irregularidad fue detectada el pasado 20 de junio, luego de una denuncia efectuada ante funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sobre la comercialización en redes sociales de medicamentos adquiridos por el Estado venezolano.
Durante la audiencia de presentación, la representante de la Fiscalía 21º de esa jurisdicción imputó a Silva por los delitos de tráfico de material estratégico, peculado doloso y asociación.
Los tipos penales anteriores también les fueron imputados a los almacenistas Cristian José Escalante (27) y Jesús Mejías (51). A Henry Alexander Carao Arias (36) se le precalificó el delito de complicidad en ejecución del peculado.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la fiscal, el Tribunal 8º de Control de la aludida entidad federal dictó la medida de privativa para la mujer y los tres hombres, quienes fueron recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón.
Adicionalmente, a solicitud de la fiscal, la instancia judicial ordenó el bloqueo y la inmovilización de las cuentas de los involucrados.
Tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó que los almacenistas sustraían las medicinas de ambos centros de salud, mientras que Carao Arias se encargaba de comercializarlas en distintas redes sociales.
A pesar de tener conocimiento de estas irregularidades, la directora de los centros de salud no denunció lo que ocurría dentro de los almacenes, por lo que fue detenida por funcionarios del Cicpc en su lugar de trabajo.
Los tres hombres resultaron aprehendidos en sus respectivas viviendas, en diversas zonas de Maracay, donde se les incautaron varios lotes de medicamentos provenientes de Argentina y Cuba, los cuales habían sido adquiridos por el Estado venezolano.
Prensa Ministerio Público
