(Cortesía)

REPORTAJE

Familias de las víctimas de la violencia en Ciudad Guayana elevaron sus voces contra los abusos policiales, en un acto de resistencia frente a la situación de indefensión ciudadana ante las injusticias del sistema estatal.

Entre enero y octubre del 2018 se registraron más de 600 muertes violentas en Ciudad Guayana, entre cuyas víctimas se contabilizaron al menos 111 niños y adolescentes, concluyó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), cuyo informe anual ubicó al estado Bolívar en el tercer lugar entre las entidades con mayor tasa de homicidios en el país.

Como todos los años, a propósito del Día de los Inocentes, la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona realizó una misa oficiada por el padre Carlos Ruiz, párroco de la iglesia San Martín de Porres, y un acto conmemorativo por las víctimas de la violencia en Venezuela, las cuales en su mayoría se mantienen impunes.

“Es increíble que ninguna institución oficial se haya pronunciado sobre esta dramática cifra de más de 111 niños asesinados este año. También queremos denunciar que con la falsa excusa de enfrentamientos o resistencia a la acción policial, los organismos de seguridad llegan a cualquier humilde hogar y actúan impunemente”, denunció la fundación en entrevista al Correo del Caroní.

El problema ya no es solo de delincuencia, la mayoría de los testimonios tienen una denuncia que coincide con lo revelado por el director del OVV, Roberto Briceño, durante la presentación del informe anual sobre violencia en el país: “Las fuerzas policiales han matado más que los delincuentes”.

Ajusticiados

El 27 de diciembre, el hermano de Mayra Gudelo cumplió 12 años de haber sido asesinado, homicidio que a la fecha se mantiene impune. Asegura que “no hay nadie en Guayana que no haya sido víctima de los abusos policiales”.

Es residente del barrio José Tadeo Monagas. Relató que cerca de su vivienda fue asesinado el pasado 6 de marzo un joven que había ido a bañarse en Macagua, a donde acostumbraba ir.

“Lo agarró un guardia, lo asesinó, lo decapitó, y después que familiares fueron a Caracas y movieron cielo y tierra fue que lo encontraron, pero ese guardia está muy tranquilo, al río no se puede acercar nadie porque disparan y matan. No solo nos están matando de hambre, también nos matan con balas”, denunció.

“Los cuerpos policiales se meten en nuestras casas y roban. Llegan a las casas pistola en mano, asesinan a los muchachos, le ponen una pistola en la mano, les hacen disparar y dicen que se enfrentó, están ajusticiando a los jóvenes en Guayana, y no se puede denunciar porque ven mi cara y nos buscan para matarnos”, agregó.

Cada vez más son los testimonios sobre ajusticiamientos, incluso hasta por error de los funcionarios al “confundir” a las víctimas.

Otro de los testimonio es el de una madre -quien pidió resguardar su identidad-, cuyo esposo fue asesinado hace una semana en frente de ella y su hija de 11 años de edad.

Relató que aproximadamente a las 7:00 de la mañana ingresaron a su vivienda dos funcionarios policiales, disparando contra puerta y ventanas, mientras ellos dormían. Fue a esconder a su hija en el baño para resguardarla de las balas, pero fue sacada a rastra, desnuda, y vio que a su esposo lo tenían arrodillado y apuntándole con un arma. Recibió tres disparos, uno de ellos en el pecho, y lo patearon.

Ella también recibió golpes y agresiones verbales. Sus brazos tenían aún las marcas de los moretones.

Nunca presentaron orden judicial de allanamiento o detención. “Revisaron la casa, me pedían oro, que dónde estaba el oro, cuando mi esposo y yo trabajamos vendiendo mercancía de ropa y colonias, y los fines de semana vendíamos pastelitos. El dinero lo dividíamos entre la comida y la insulina, ya que mi esposo era diabético”.

Denunció que además de matar a su esposo, le robaron pertenencias y el poco dinero que tenía, producto de la venta de pastelitos del fin de semana.

Estos casos han servido para que incremente la desconfianza en los organismos de seguridad, se privan de denunciar por temor a represalias, y llegan hasta afirmar temerle más a cuerpos policiales y militares que a los delincuentes comunes.

 

Muertes por crisis humanitaria

Glasina Cordero, miembro de la fundación, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que escuchen sus reclamos y se haga justicia por los asesinatos, al tiempo que denunció las muertes causadas por la falta de insumos y medicamentos en hospitales, paludismo y otras enfermedades endémicas sin una política sanitaria adecuada.

El Centro Pediátrico Menca de Leoni, a propósito, cumplirá el próximo 8 de enero nueve meses desde que fue cerrado. La presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Bolívar, Maritza Moreno, recordó que el gobernador Justo Noguera Pietri prometió que en tres meses estaría listo para su reapertura, pero nada se ha cumplido.

Como consecuencia, apenas se atienden en un área improvisada del Hospital Dr. Raúl Leoni a un aproximado de entre 20 y 30 niños, que deben ser luego transferidos a otros hospitales como el Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, u otros estados.

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