Protesta en General Motors Zona industrial Valencia.
(Foto: Rafael Freites).
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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Pancartas y humo negro es lo único que se observa al final de la avenida Iribaren Borges de la Zona Industrial Sur de Valencia desde hace una semana. Trabajadores de General Motors Venezolana (GMV) también están ahí, en las puertas de la planta protestando para exigir la reactivación de la plata que fue líder en el mercado de ensamblaje de vehículos en el país con una capacidad de 45 mil unidades al mes.

Pero desde hace 18 meses no sale nada de sus líneas de producción. Están apagadas por falta de materia prima que se debe importar con divisas controladas por el Gobierno, que no le liquida al sector un solo dólar desde agosto de 2014. En el supuesto de una adjudicación de para la importación de material de ensamblaje solo podría hacerse hasta este año. Las líneas de GMV no están aptas para la fabricación de los modelos nuevos. Se requiere 80 millones de dólares para su adecuación con los que la empresa, quebrada económicamente, no cuenta.

El saldo laboral está en negativo. 48% ha sido liquido con acuerdos económicos. Restan dos mil 500 que se mantienen en sus casas cobrando salario básico. En un sistema monoproductor como el venezolano ,que depende en más de 90%  de los ingresos petroleros, la crisis muestra su rostro más duro. La falta de divisas da una ecuación donde el resultante son máquinas apagadas. Los trabajadores están de vacaciones forzadas, cesantes o, incluso, acusados de presuntos hechos delictivos contra la empresa.

Adan Tortolero, secretario general del sindicato, denunció el supuesto robo o desmantelamiento de parte de sujetos desconocidos que rompen la tela metálica que bordea la plata horas de la noche, entran y cargan con lo que pueden. “La gerencia sabe lo que está pasando pero no refuerza la vigilancia ni hace más nada a pesar de que se le han mostrado fotos donde hay evidencias  de los lugares por donde el hampa entra a la propiedad privada”.

El sindicalista pidió la investigación de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia  (Sebin), del Ministerio de Industrias y Comercio al igual que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), y exigió la revisión de la política monetaria de la empresa. “Porque  a pesar que alegan no tener divisas para comprar materia prima  sí cuentan con liquidez en moneda extranjera para ofrecer paquetes de salida a los trabajadores de tres mil dólares”.

 

La firma ha mantenido una fluidez de caja que permite cumplir con compromisos laborales gracias a la inversión de concesionarios, en el área de postventa, con los que se ha adquirido 84 mil repuestos en el exterior.




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