El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que el actual proceso de movilización ciudadana se ha originado, entre otras razones, tras la ruptura del hilo constitucional y la erosión de las competencias establecidas por la Carta Magna a la Asamblea Nacional. El movimiento de indignación ha rechazado la violación continuada de la Constitución, la cual se inició en mayo de 2016 tras la aprobación del llamado “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica”. Dicho decretó, en la práctica, se constituyó en el marco jurídico de las actuaciones de la dictadura en Venezuela.
Ante la grave crisis y situación de conflicto que vive el país la ONG ha insistido que la solución tiene que ser pacífica, democrática y Constitucional. Sostiene que la Constitución debe ser, en todo momento, el marco de referencia y la guía para la acción de las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales y la población en general.
Provea indicó que la Carta Magna es el último pacto social consensuado en el país, reivindicado por Hugo Chávez en el primer período de su mandato como «la mejor del mundo», y defendida por las fuerzas políticas y sociales que cuestionan la gestión de Nicolás Maduro.
Para Provea la Constitución representa, en los actuales momentos, la mejor herramienta para enfrentar al gobierno dictatorial. «Queremos insistir que las garantías presentes en el texto constitucional fueron consecuencia de la lucha de los movimientos sociales venezolanos en la década de los 80 y 90, no una concesión de ningún gobierno, cuyos contenidos reflejaban los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos».
Cualquier propuesta de salida a la actual crisis venezolana debe permitir el regreso de Venezuela a la democracia, respetando y fortaleciendo lo dispuesto en el texto constitucional.
En opinión de Provea el adelantar elecciones es tan inconstitucional como retrasarlas indefinidamente. La propuesta de “elecciones generales adelantadas” necesita, para ser legal, un procedimiento de enmienda constitucional, que adicione los artículos necesarios a la Constitución, y posteriormente ser sometida a un referendo.
La promoción de una Asamblea Constituyente no contempla sólo la relegitimación de los poderes, sino la redacción y aprobación de una nueva Carta Magna. La iniciativa puede partir del Presidente de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Cualquiera de los dos procedimientos, adelanto de elecciones generales o Asamblea Constituyente, generará elementos adicionales a la conflictividad venezolana y, para materializarse, podrían tomar mucho más tiempo que el cronograma de elecciones pendientes según la Constitución.
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