La presidencia de Gladys Gutiérrez en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estuvo marcada por el conflicto institucional con la Asamblea Nacional, el salto —varias veces— a disposiciones de la Constitución y un poder judicial con serios cuestionamientos éticos. El viernes 24 de enero cedió su lugar al magistrado Maikel Moreno, presidente de la Sala Penal y quien la sustituirá. ¿Qué puede esperarse del nuevo presidente del TSJ?
Perkins Rocha fue magistrado de la máxima instancia jurídica del país. No es optimista sobre la designación de Moreno. “Sí espero algo: que sea peor” dijo sobre la gestión que se avecina a manos del abogado constitucionalista de 51 años nacido en El Tigre, estado Anzoátegui. Por lo menos Gutiérrez cuidaba las formas, añadió.
Se espera que el nuevo TSJ sea más radical, más déspota, y que le interese menos cubrir bajo un supuesto manto de constitucionalidad alguna de sus sentencias. Si el Gobierno necesita una acción jurídica para justificar alguna arbitrariedad, y acude al TSJ, Moreno no guardará forma alguna para cumplir el deseo del Ejecutivo, avizora Rocha, quien dijo sentirse indignado por el nombramiento. “Creo que Moreno no se va a parar en detalles de forma para preservar la justicia socialista, que protege a las personas del Gobierno que se han aprovechado del erario público y que hasta han administrado el negocio de los narcóticos”.
Moreno —un asalariado de Nicolás Maduro según Rocha— no cumple con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de magistrado. La Constitución expresamente señala que son 15 años al servicio de la abogacía. Es evidente que este señor ha estado ocupando cargos consulares que no le han permitido ejercer esos 15 años, al margen de si está o no graduado desde ese tiempo, comentó el jurista.
La palabra clave para es honorabilidad. Ese es uno de los requisitos para presidir el TSJ. “Yo me pregunto, si una persona que ha sido enjuiciada —y que ha sido reo en dos oportunidades por delitos contra la vida— puede ser considerada una persona de reconocida honorabilidad”. En definitiva, cuando el TSJ eligió a Maikel Moreno como su presidente, escogió la representación más directa de sí mismo como institución. Eso es hoy por hoy el TSJ: un tribunal indigno, ¿qué mejor que Maikel Moreno para representarlo?.
Hubo discusiones internas en el TSJ antes de la designación de Moreno. Su nombramiento significaba una etiqueta muy difícil de solapar a escala internacional sobre la inexistente independencia de poderes en Venezuela. El candidato de un ala importante era Calixto Ortega, otro magistrado chavista, dice Rocha. “La mayoría escogió a Moreno por presiones del Gobierno. Están buscando a los más radicales, a los más señalados, a quienes ni siquiera pueden visitar las islas del Caribe porque no tienen vida en otro país”.
La justicia fracasó en Venezuela: está muerta. Pero no el estado de derecho, analiza Rocha. Ser abogado significa estar dispuesto a morir por el cumplimiento de las leyes. Ser un creyente ferviente del estado de derecho. “Creo que en Venezuela más que nunca hay estado de derecho: reside en la base moral de los ciudadanos que ven con estupor lo que sucede”.
EL PERFIL
Moreno fue señalado como presunto responsable de la muerte de un joven en Ciudad Bolívar, al sureste del país, en 1987. En ese entonces era funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Luego de ir a prisión junto a dos compañeros, logró volver al cuerpo de seguridad. En 1989 fue escolta del presidente Carlos Andrés Pérez, pero su nombre reapareció en un expediente por homicidio. La Policía Técnico Judicial remitió al tribunal 15 penal un informe que lo implicaba con la muerte de Rubén Gil Márquez, otro joven que murió durante un tiroteo en Caracas. Ese año fue destituido de la policía.
En 1990 salió en libertad por segunda vez. Pero no se reincorporó a la Disip, sino que obtuvo un cargo como secretario en un juzgado de Caracas. Allí empezó a escalar posiciones hasta convertirse en magistrado, presidente de la Sala Penal, vicepresidente del TSJ y por último, la semana pasada, en presidente del organismo.
El magistrado se formó en 1995 como abogado en la Universidad Santa María. En 2014 logró el título de doctor en derecho constitucional. Es profesor en grado de instructor de la misma casa de estudios desde 2005.
