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justicia parcializada

UNO

Doménico Di Gregorio Rossi supo que las amenazas eran reales una mañana en los tribunales. Estaba revisando documentos de uno de los juicios políticos más viciados en el país cuando recibió la llamada de un vecino. Grupos armados y violentos habían entrado a su residencia repitiendo una y otra vez su nombre. Fueron por él, pero no lo consiguieron. Estaba sentado frente a su escritorio estudiando los expedientes del caso que le costó su carrera y le cambió la vida: Puente Llaguno. No obedeció órdenes del alto Gobierno y fue desplazado. Casi automáticamente tres comisarios y ocho policías metropolitanos fueron apresados. Terminaron condenados tres años después. La justicia verdadera, a diferencia de esa sentencia tardía, no ha llegado.

Ese día, el abogado había decidido caminar desde su residencia hasta el Palacio de Justicia de Maracay: un kilómetro. Hizo el recorrido despacio. Fueron cinco cuadras en las que pasó por un área militar, viviendas, un centro comercial y dos semáforos. Su camioneta la había dejado en el estacionamiento. Y fue el blanco elegido por los agresores para dejar constancia de su acción con un disparo certero en el vidrio del piloto.

“Gente del Gobierno” llamaba a su oficina desde antes. Nunca atendió para no caer en su trampa. Hubo comunicaciones a su celular advirtiéndole que irían contra la vida de sus hijos y hasta el anuncio público del presidente Hugo Chávez de removerlo del cargo como juez de primera instancia de control en Maracay. Todo por negarse a emitir órdenes de aprehensión contra los policías metropolitanos y enfrentarse a quien definió como el gran aliado de la injusticia en el caso: el fiscal de Ministerio Público, Danilo Anderson.

 

UN JUEZ IGNORANTE

Hay detalles del caso que se le han olvidado. Di Gregorio Rossi ha elegido dejarlos atrás. Pero si hay algo en lo que no titubea es en la conclusión que habría tenido el juicio contra los funcionarios implicados en los hechos del 11 de abril de 2002, de haber continuado bajo su responsabilidad: “No estarían tras las rejas”.

Doménico Di Gregorio Rossi, exjuez de primera instancia de control Maracay, tuvo que dejar de ejercer luego de ser destituido y amenazado por no obedecer órdenes políticas enfocadas en apresar a los policías metropolitanos del 11-A (foto Captura)

DOMÉNICO DI GREGORIO ROSSI

La Universidad Central de Venezuela (UCV) a principios de la década de los 80 lo egresó como abogado, tras haber intentado ser sacerdote por su formación cursillista de cristiandad. Después se especializó en derecho procesal penal e inició su ejercicio como asistente tribunal en Caracas, cargo que lo preparó para ser fiscal del Ministerio Público con competencias plenas desde 1999 en Altagracia, Calabozo y Maracay, ciudad en la que se radicó y desarrolló la mayor parte de su profesión, donde ejerció el cargo de juez de primera instancia hasta enero de 2003, cuando fue destituido por órdenes del entonces presidente Hugo Chávez.

No había elementos que probaran la responsabilidad de los uniformados. Tampoco había motivos para que el juez firmara la orden de captura el 27 de diciembre de 2002, cuando fue solicitado por Anderson. “Ellos ya estaban bajo régimen de presentación y lo cumplían. No había riesgo de que evadieran la justicia”, y por eso lo llamaron “ignorante”.

El fiscal invocó el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establecía la petición bajo un asunto de extrema urgencia, peronoexistía tal premura. La petición que se le entregó era en una copia fotostática sin la certificación del fiscal general, lo que carece de toda legalidad. “Eso demostró que el ignorante era otro”.

La explicación molestó al Gobierno, empeñado en señalar a los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, el exsecretario de seguridad ciudadana de la alcaldía mayor Iván Simonovis y los funcionarios Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Alfonso Zapata, Marcos Hurtado y Rafael Neazoa. Menos de un mes después le llegó la destitución al juez. Fue el 22 de enero de 2003, tras las insistentes denuncias de Anderson que señalaban a Di Gregorio Rossi como parcializado.

La vida le cambió. El abogado ya no viste de toga. La dejó engavetada hace 13 años. Lo mismo hizo con su título universitario, ya no ejerce. El fantasma de haber sido el juez con el caso de Puente Llaguno en sus manos no se lo permitió. El tiempo pasaba y siempre en un supermercado, en el banco o en la farmacia le preguntaban por los policías, el proceso y su destitución. En 2008 tuvo que dejarlo todo y se mudó de Maracay a Valencia, “lo hice huyendo”. Hoy, lejos de parecerse a esa imagen de los recortes de periódicos que aún conserva y que narran el antes y después de su carrera, ya nadie lo recuerda. Está en el olvido, como también lo han estado los cinco policías metropolitanos que aún pagan condenas de hasta 30 años tras las rejas.

Noticiero Venevisión transmitió las imagenes de los pistoleros de Puente Llaguno en diferido.
Noticiero Venevisión transmitió las imagenes de los pistoleros de Puente Llaguno en diferido.

 

DOS

Marjorie Calderón tiene, como todos los demás jueces, un gavel de madera. El contraste es que -a diferencia de todos los demás jueces- el suyo pega como si fuera de hierro. Cuando lo utilizó la noche del 3 de abril de 2009 lo hizo para condenar a 10 hombres en el juicio político más controversial de Venezuela. No le pesó que ninguna prueba o testimonio señalara al grupo de policías como responsable de las muertes para emitir su decisión.

Fueron 14 horas de deliberación. Pena máxima para los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM). 30 años para Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Luis Enrique Molina, Erasmo Bolívar, Julio Rodríguez y Héctor Rovaín. A Marcos Hurtado y Arube Pérez Salazar 17 años. Rafael Neazoa fue el único absuelto por la titular del tribunal Cuarto de Juicio de Aragua esa noche de gritos, de familiares atónitos por la decisión.

Maryorie Calderón, la jueza del caso Puente Llaguno

MARJORIE CALDERÓN

Presidenta de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Es una valenciana de 48 años, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. Su currículo señala que tiene 24 años ininterrumpidos de servicio. Sus únicas dos menciones en materia de derechos humanos reseñadas en su hoja de vida son un congreso que organizó en la Universidad del Zulia en 1999 y una participación en el IV foro “Los derechos humanos en el nuevo proceso penal venezolano”, en 1999. También se  desempeñó como docente en la Universidad Bolivariana.

El juicio más largo de la historia de Venezuela estuvo plagado de vicios. Se analizaron cinco mil 700 fotos, una veintena de vídeos y atestiguaron 196 testigos y 48 expertos como parte de las 231 audiencia, consecuencia en la investigación de la masacre que el 11 de abril terminó con 19 personas fallecidas. Los funcionarios fueron los chivos expiatorios del Gobierno tras el análisis de 265 experticias. Los culpables necesarios. Los pilares que sostenían una tesis gubernamental: la violencia desatada ese día, luego de una marcha convocada para el palacio de Miraflores, era culpa de la oposición.

Después de las 19 muertes se abrieron solo cuatro juicios. De 79 investigaciones hubo solo dos sentencias (una contra los PM y otra contra un guardia nacional, nunca contra los pistoleros de Puente Llaguno). La impunidad sigue empujando la balanza en este caso. “La impunidad y la mentira siguen siendo la regla”, escribió el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Calderón sentenció a los comisarios Vivas, Forero y Simonovis por complicidad correspectiva. Por supuestamente haber ordenado que dispararan a la marcha. Pero ninguna grabación de radio o llamada lo comprobó. Ni siquiera estuvieron en los sitios de la manifestación. A Bolívar y otros por aparecer en fotos, pese a que tampoco se comprobó que sus armas fueron disparadas. Los informes forenses de las muertes en Puente Llaguno confirman balazos hechos desde un angulo superior al de los cuerpos, pero los PM estaban debajo del puente, en la avenida Baralt. Y todavía no se han inventado balas que hagan esa parábola.

 

SIN MEDIDA HUMANITARIA

Una llamada. En el despacho de la jueza Adas Marina Armas Díaz, la esposa de Marcos Hurtado escuchó una confesión que la dejó helada. “Usted sabe que no puedo tomar esa decisión si no me llaman ‘de allá arriba’”. Se refería a la libertad del PM por cumplimiento suficiente de la pena. María Pascastilla, cónyuge del preso político, supo que en ese momento era poco lo que podía intentar mediar para que el subcomisario fuera beneficiado.

La jueza de Ejecución de Aragua es ahora la encargada del caso de los PM, luego de la sentencia de Calderón. Armas también negó cuatro veces una medida humanitaria para Simonovis. El despacho de la jueza en el tribunal Primero de Ejecución de Aragua utilizó  la dilación como técnica. Tardó más de seis meses en tomar una decisión, criticó la defensa.

El comisario padecía 19 patologías, entre las que destacaban osteoporósis agua en la cervical, que amenazaba con dejarlo parapléjico por el desgaste óseo; una infección en el esófago que podría desescadenar un cáncer; y una peritonitis, por la que incluso tuvo que ser intervenido de emergencia en 2013. El exsecretario de seguridad ciudadana tuvo que iniciar una huelga de hambre recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde para que fuese considerada la medida.

 

CLAVES DEL 11 DE ABRIL

*El fallecido presidente Hugo Chávez activó el Plan Ávila el 11 de abril para restablecer el orden público.

*En la avenida Baralt de Caracas los Círculos Bolivarianos tomaron el Puente Llaguno, donde llegaban los primeros opositores.

*Delante de la marcha opositora estaba la Policía Metropolitana; delante de la oficialista no había contingente de seguridad.

*La Guardia Nacional no se instaló en la avenida Baralt, sino en las calles aledañas, inaccionó ante la violencia.

*La mayor cantidad de fallecidos ocurrió en el puente. El tiroteo entre los pistoleros (amnistiados en 2007) y funcionarios de la PM duró aproximadamente tres horas.

 

EN ESTE REPORTAJE TRABAJARON DAYRÍ BLANCO Y LUIS BORRERO




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