El CTI de la Fiscalía y la Policía siguen indagando qué hay detrás de la masacre de cuatro personas que aparecieron en el baúl de una camioneta Toyota blindada en la autopista norte de Bogotá a la altura de la calle 222.
La alcaldesa Claudia López asegura que, al parecer, fueron asesinados fuera de la capital y abandonados en sus goteras. Pero tanto el expolicía Juan Carlos Useche, una de las víctimas, como el venezolano identificado, permanecían en la capital y más exactamente por Sanadresito de San José.
El Tiempo reveló en exclusiva la identidad y antecedentes de Useche, quien estaría ligado a la oficina sicarial de San José. Así lo señala un reporte de la Policía que este diario tiene en su poder.
Él sería el objetivo principal de los hombres que cometieron la masacre, en la que también perdieron la vida Leidy Alejandra Betancourt, la pareja de Useche; y otro de sus guardaespaldas: Leonardo Sanabria.
Sin embargo, El Tiempo investigó y estableció que el venezolano -de 29 años y nacido en Puerto Cabello- también registraba antecedentes y venía siendo procesado por la justicia.
En expedientes judiciales aparece identificado como Eliyer José Perozo Zabala, con estudios secundarios y en unión libre.
Y allí consta que ya había sido capturado en Bogotá, el 17 de agosto de 2020, por los delitos de porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, fuga de presos y lesiones personales dolosas.
Fue llevado a la URI de Puente Aranda y el juez 19 penal municipal con función de control de garantías, en una audiencia concentrada, legalizó la captura.
El venezolano no aceptó cargos y su abogada presentó un recurso de apelación el mismo día. Pero el Juzgado Octavo Penal del Circuito lo negó el 30 de ese mismo mes.
‘Fue una riña callejera’
El Tiempo habló con su defensa, que manifestó que Perozo era administrador del lavadero de carros de Sanadresito de San José y, hace dos años, se vio envuelto en una riña callejera con unos amigos, entre ellos uno de apellido Moya, también venezolano.
Perozo tenía un arma que sacó en plena riña y por eso se le imputó el cargo de porte ilegal: «Era muy servicial, la gente lo estimaba. Su hijo debe tener ya dos años y su familia está en Venezuela».
El preacuerdo en el caso del venezolano
El 23 de octubre de 2020, la defensa del venezolano llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que fue aprobado por el Juzgado 33 penal del circuito con control de conocimiento de Bogotá.
Gracias a esa gabela judicial, Perozo solo fue condenado por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y se decretó la ruptura del proceso por lesiones personales.
La condena fue de tan solo 54 meses: 4 años y 6 meses.
Cinco días después, se le otorgó prisión domiciliaria porque alegó que era padre cabeza de familia y su esposa, venezolana, estaba embarazada. Allí se tuvo en cuenta que su amigo Moya retiró la denuncia por lesiones personales.
Pero ese caso siguió su curso y el 14 de diciembre de 2020 se le emitió escrito de acusación en el juzgado 24 penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá.
La audiencia pendiente
La última actuación dentro de ese proceso fue una fijación de audiencia programada para el 2 de septiembre de 2022, para la formulación de acusación por lesiones personales.
La apoderada de Perozo asegura que no sabía en qué estaba trabajando y que no le cobró por la defensa. Ademas, se declaró extrañada de que en el expediente aparecieran mencionados los delitos de tráfico de estupefacientes y fuga de presos.
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