La Asamblea Nacional (AN) es como una piedra en el zapato para el Gobierno. El artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos es clara, ningún convenio puede llevarse a cabo ni ejecutarse sin la aprobación de la AN.
La forma que encontró el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para sacar al parlamento del medio, fue declararla ilegalmente constituida mientras se mantenga en desacato, argumento infantil para tomar el Poder Legislativo que no le corresponde, detalló el profesor universitario y abogado constitucional, Iván Pérez Rueda.
El recurso presentando por los abogados de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), busca adquirir contratos con empresas extranjeras para la explotación de hidrocarburos. Con los poderes de la AN a favor de la Sala Constitucional del TSJ, no existe impedimento para la crear empresas mixtas.
En la sentencia la Sala Constitucional también plantea un marco de estado de excepción, decretado por el TSJ pasando sobre el Presidente de la República, Nicolás Maduro. “Pero no se leyeron la última parte del artículo 339”, detalló Pérez Rueda.
Este artículo establece que la declaración de estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público. La sentencia desconoce el propio texto constitucional y pueden derivar en graves consecuencias, destacó el profesor universitario.
INTERPRETACIÓN SIN COMPETENCIA
EL abogado Pérez Rueda, resaltó que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), establece que las Salas conforme a su especialidad deberán interpretar las leyes, lo que quiere decir que la Sala Electoral solo puede abordar leyes de esta materia, la Sala Civil interpretar leyes de su código, la Sala Social leyes en materia agraria, laboral, entre otras.
Para interpretar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, le compete a la Sala Política y Administrativa, no la Sala Constitucional. La sentencia fue desarrollada por un ente incompetente para decidir en el tema de hidrocarburos, detalló el abogado.
