No de otra forma se puede calificar la irresponsabilidad de estos personajes sobre esa montaña de demandas que sucedieron a la abusiva política de expropiaciones de empresas que eficazmente venían operando en el país.

El monto de la deuda es casi que insondable. Estudiosos del tema como los profesionales Ramon Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk y Mariana Castro Villalba del Observatorio de Gasto Público CEDICE la estiman en 162 mil millones de dólares radicados en papeles de deuda pública y en sentencias condenatorias en procesos de arbitrajes. También está presente una deuda con China, otra con ROSNEFT empresa petrolera de Rusia a la que se emitió garantía prendaria del 49,9% de CITGO.

La deuda referida a los arbitrajes son las de urgente atención por ser las que están más adelantadas en trámites judiciales. En total, de este capítulo tenemos 59 demandas de las cuales 22 están ya sentenciadas y en proceso de ejecución que alcanzan a 74 mil millones de dólares. También tenemos encima 80 mil millones de dólares en deuda por capital e intereses de bonos. Como lo han explicado los antes citados economistas. La información aquí expuesta puede verificarse en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/live/RErB3ce0Jn0?feature=share

Sin duda esto constituye uno de los problemas mas graves que confronta el país y que junto al saqueo amenaza no solo la vida de los habitantes, sino además su propia existencia como nación, y ha sido tan asombrosamente irresponsable la desatención que se la ha prestado, de ambos bandos de la política nacional, que no hay modo de comprenderlo.

HUGO CHÁVEZ. Lo lógico habría sido que éste, una vez que emitió las expropiaciones negociara con los afectados el resarcimiento correspondiente, pero no, no lo hizo, frescamente se desentendió. Su soberbia no lo dejó ver, o lo vio y no le importó que aquello traería reclamaciones legales las cuales primero recayeron en su sucesor y después en Juan Guaidó quienes igualmente lo tomaron a la ligera, y allí están los resultados, una larga ristra de condenas que están por comenzar a ejecutarse con lo poco que queda de aquella Venezuela pletórica de riquezas.

MADURO & GUAIDÓ. La corresponsabilidad de estos radica en la falta de una política común tanto para negociar como para litigar las demandas interpuestas por ante el tribunal de arbitraje CIADI. La responsabilidad individual radica en lo siguiente:

1 Maduro las dejó correr con tanta despreocupación que además de que no abrió un canal serio para buscar acuerdos, dejó la actividad litigante en manos de Cilia Flores -que de eso no tiene ni idea- cuando estaba en el cargo de Procuradora. Luego esta renunció y dejó esa función a título de “encargado” a un compadre, Manuel Galindo Ballesteros, y luego éste a su vez se fue y entregó la función a otro de la cofradía, Reinaldo Muñoz, quien así quedó como “encargado del encargado”, todo lo cual fue violatorio de la normativa constitucional, y por tanto generador de nulidad de toda actuación que realizaran a título de representantes judiciales en aquellos procesos. Por cierto que en uno de los casos, en el de “Crystallex” hicieron un acuerdo por el cual pagaron una cuota de 425 millones de dólares que luego se perdieron porque no se cumplió con el resto del acuerdo, y de eso nadie rindió cuentas.

2 En cuanto a Guaidó, en uso de las atribuciones como presidente encargado que le otorgó la AN y que el gobierno norteamericano validó, muy poco se ocupó de esto, solo lo hizo en dos ocasiones, la primera cuando nombró como procurador a J.I. Hernández, y la segunda cuando de manera absurda, y sin duda ilícita, por recomendación del citado procurador del interinato ordenó pagar 71 millones de dólares por intereses vencidos al ilegal Bono PDVSA 2020 que antes la Asamblea Nacional había declarado nulo y lo había dedo a conocer mediante dos actos formales denominados “Acuerdos”. Como posterior justificación el Dr. Hernández dijo que ese pago de intereses se había hecho “bajo protesto” lo cual nunca dijo como ni cuando fue eso, ni se le ha visto efectividad alguna. Esos 71 millones se perdieron.

El desastroso manejo que el mencionado procurador del interinato hizo en varios de estos juicios de arbitraje ha producido consecuencias terribles para el país, además de lo antes referido, en otro de estos procesos arbitrales, específicamente en el caso ConocoPhillips cohonestó la condena que por 8 mil 500 millones de dólares allí se nos dictó pues en vez de combatirla procesalmente lo que hizo, al igual que el otro procurador, el del gobierno de Maduro, fue pedir una rebaja de 200 millones que la demandante rápidamente aceptó para que le dejaran firme la sentencia y así pasó. El Dr. Hernández entonces publicó un tuit pregonando que había logrado una victoria con esa rebaja con lo cual se benefició a la demandante dando validez e inimpugnabilidad al fallo condenatorio. ¿Fue eso un error, un costoso error que perjudicó tanto a Venezuela?

Este Procurador interino José Ignacio Hernández causó graves daños como fue denunciado persistentemente incluso dentro de la propia Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Energía y Petróleo, pero fue mantenido como el representante judicial por el apoyo de factores políticos allí entonces dominantes. Mayores detalles al respecto los expuso el experto en finanzas y economía Jorge Alejandro Hernández en entrevista: https://youtu.be/s6TWXb-uW78

Dando continuidad al terrible manejo del citado caso “ConocoPhillips” el siguiente procurador que nombró Juan Guaidó, el Dr Enrique Sánchez Falcón, interpuso ante el mismo tribunal de arbitraje CIADI una demanda de nulidad del mencionado proceso ConocoPhillips, lo cual ha sido otro disparate puesto que la sentencia allí dictada ya había sido reconocida por su antecesor en el cargo como antes expliqué, y que se sepa nada mas hizo para enmendar lo mal hecho por éste.

AHORA VIENE EL REMATE DE CITGO

Hay una fila de demandantes contra Venezuela exigiendo al tribunal de Delaware la ejecución de las sentencias dictadas en el CIADI, los primeros allí son la mencionada Crystallex, luego viene ConocoPhillips, después estarán los acreedores del famoso Bono PDVSA 2020.

LA PRIMERA DEUDA EN LA FILA DE ACREEDORES GRACIAS AL CIADI

Hugo Chávez expropió los bienes de Crystallex que ejecutaba la explotación de minas de oro en Venezuela por lo que ésta demandó indemnización. La demanda cursó por ante el CIADI donde el juicio se llevó con una serie de irregularidades que vengo denunciado persistentemente y que posibilitarían su anulación lo cual no se demandó. Primer gran error por omisión culpable del denominado gobierno interino. VER sentencia CIADI: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsidblobs/OnlineAwards/C256/DC4952_sp.pdf

El segundo gran error fue haber nombrado como Procurador, cargo al que corresponde la defensa de los bienes de la república, a José Ignacio Hernández quien en el mismo caso había prestado servicios a favor de la parte contraria, la demandante Crystallex, hecho que le ocultó al Parlamento cuando se tramitaba su nombramiento. ¡Quien debía defender a Venezuela de Crystallex antes, en el mismo proceso, había estado en el bando ésta, de nuestra atacante.!

OTRO PELIGRO POCO ADVERTIDO QUE AMENAZA INCLUSO A EEUU

Nicolás Maduro ilícitamente tomó un préstamo de Rusia, específicamente de su empresa petrolera ROSNEFT por 1.500 millones de dólares, dinero que nunca se supo que se hizo, y dio en garantía el 49,9% de las acciones de CITGO lo cual significa que si ésta es rematada igualmente esas acciones que representan la mitad de su capital social serán de Rusia lo cual es un peligro para Estados Unidos. Esta información fue dada a conocer por Nelson Bocaranda quien a su vez para ello cita al diputado José Guerra y otras fuentes. VER: https://runrun.es/nacional/291543/pdvsa-habria-hipotecado-citgo-a-petrolera-rosneft/

LAS DEFENSAS DESPERDICIADAS. Por varios años vengo escribiendo artículos, que con éste ya son 54, sobre los distintos juicios que contra Venezuela se han planteado ante el tribunal internacional de arbitraje CIADI por reclamaciones basadas en las citadas expropiaciones decretadas por Chávez. En tales escritos he hecho denuncias sobre malos manejos de esos casos, he formulado propuestas concretas para enfrentarlos, pero todo ha caído en oídos sordos. VER: “Receta para ganar los juicios en el CIADI”, Agosto 6, 2020: https://carlosramirezl3.medium.com/receta-para-ganar-los-juicios-en-el-ciadi-dd492e7e680f

Otro de los tantísimos artículos que he escrito sobre este tema lo hice en forma de Carta a Guaidó con propuestas concretas las cuales, como todo, él ignoró. En este link puede accederse: https://carlosramirezl3.medium.com/carta-pública-al-presidente-guaidó-fa54db660574

INTRODUJE TRES DEMANDAS QUE TAMBIËN SE IGNORARON. Pasé de esos artículos de prensa a acciones concretas como fue la preparación e introducción de tres demandas de amparo que en fecha 3 de agosto del 2020 consigné ante la sala constitucional del denominado tribunal supremo de justicia en el exilio, y aún a esta fecha, casi tres años después ni se han pronunciado sobre su admisión, las engavetaron. Los planteamientos que allí formule están resumidos en tres petitorios: 1) que se declarase la nulidad del fraudulento laudo arbitral. 2) que se dictara una medida cautelar ordenando la suspensión de su ejecución. 3) que se notificara a la Corte de Delaware de la decisión. 4) que se instara al procurador Enrique Sánchez Falcón para que gestionara ante dicha Corte la suspensión del proceso de ejecución del fraudulento laudo. Hice lo mismo respecto a los casos de ConocoPhillips y Owens Illinois, en total interpuse tres demandas:
En fecha 22/10/2021 hice reclamo público sobre la inercia del TSJ exilio en este caso, allí especifiqué las tres demandas y denuncié lo que las tenía paralizadas. VER: https://carlosramirezl3.medium.com/denuncio-inactividad-antinacional-de-magistrados-del-tsj-exilio-436bc64335c6

La justicia selectiva del TSJ exilio: Rápidos para querer reponer a Guaidó en el cargo, dieron curso de inmediato a una demanda con esa finalidad, pero por años inermes ante mis tres demandas de amparo en defensa del saqueo al patrimonio nacional .

TODAS LAS SENTENCIAS CIADI SON (¿eran?) ANULABLES. Como explico en detalles en esas tres demandas no atendidas por ese tsj exilio, la defensa fundamental contra las sentencias CIADI es que en ellas la demandada Venezuela nunca tuvo una representación procesal legítima, el derecho a la defensa lo ejerció un encargado del encargado de la procuraduría dependiente de Nicolás Maduro como antes lo expliqué. Es un planteamiento tan simple, tan sencillo, tan obvio y que lo he estado formulando por años y no ha sido utilizado. Esa inactividad es criminal y de responsabilidad absoluta del gobierno interino de Juan Guaidó y en particular de él y de los dos procuradores que él nombró, también de la llamada “sala constitucional” del exilio.

LA SENTENCIA CRYSTALLEX ES UN FRAUDE. Esta es la primera en fila para rematar CITGO por la sentencia donde la demandada Venezuela no tuvo representación legal. Quien apareció ante el CIADI como representante judicial de Venezuela fue el abogado de Maduro Reinaldo Muñoz Pedroza, un usurpador, es como el caso donde un abogado en un juicio se presenta a actuar en nombre de una de las partes usando un poder falso.

He explicado muchas veces públicamente que es causa de nulidad de esa sentencia la falta de representación legítima Venezuela como parte demandada, y tanto es así que la propia Asamblea Nacional ha reconocido y denunciado persistentemente ese hecho mediante tres Acuerdos que se han producido en fechas 16/11/2016; 12/09/2018 y 19/03/2019 y en éstos se ha denunciado y alertado a la comunidad nacional e internacional la mencionada ilegitimidad y consiguiente usurpación de funciones. Resulta extremadamente grave que no se haya peleado esa irregularidad siendo un poderoso motivo para perseguir la nulidad de la sentencia y ahora estemos rendidos buscando el mejor modo de pagarla.

— El CIADI no se creó para satisfacer el negocio de la usura que es lo que en este caso está ocurriendo.

La empresa Crystallex originalmente se declaró perjudicada por la expropiación decretada por Hugo Chávez y demandó a Venezuela por resarcimiento de los daños y perjuicios y exigió la suma de 1.239.632.217 millones de dólares. En medio del proceso vendió los derechos litigiosos a una empresa de aquellas a las que en el similar caso de Argentina se denominaron “Fondos Buitres” que tienen el negocio de comprar juicios a precios irrisorios para luego cobrar sumas muy superiores. En este caso la representante de la demandante original Crystallex dio en venta el juicio a una firma de New York denominada Tenor Capital Management en el año 2012 por la suma de 76 millones de dólares, pero en esa operación se mantuvo la apariencia de Crystallex como parte demandante y así siguió el juicio, un engaño, con esa Tenor Capital Management como una “Hidden plaintiff” o “demandante escondida” lo cual es contrario al Convenio CIADI, a sus Reglas y Reglamento.

Ahora esa empresa camuflada bajo la denominación legal de Crystallex fue la que siguió el ilegal proceso que terminó en una condena contra Venezuela por la suma antes citada y la misma que está persiguiendo el pago que constituye una ilícita, escandalosa y grosera ganancia, y lo cual además quiere decir que en verdad los presuntos daños a Crystallex fueron esos 76 millones y no 1.200 millones por la que nos demandó y se nos condenó. ¡Todo un escandaloso fraude!!

SE DESPILFARRARON MILLONES. En la gran cantidad de juicios que están en curso contra Venezuela y cuya defensa está bajo la responsabilidad del gobierno interino se han gastado inútilmente grandes sumas de dinero, ha trascendido que alcanzan a 50 millones de dólares y no se ha ganado ni uno solo. Han sido millones y millones pagados a bufetes norteamericanos y a uno de Argentina, y de lo cual ni siquiera hay rendición de cuentas. ¿Alguien se habrá beneficiado de dar esos contratos millonarios a los bufetes que se contrataron? No se sabe, hay mucha opacidad en esto.

Para mayores y escandalosos detalles de este desastroso manejo sobre la defensa de los dineros públicos a cargo del gobierno interino y del procurador José Ignacio Hernández ver entrevista al economista Jorge Alejandro Hernández: https://youtu.be/s6TWXb-uW78

Seguiremos con otro artículo Radiografía de un desastre (2) que próximamente produciré: El caso del Bono PDVSA 2020.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.