La Audiencia Nacional, una alta instancia judicial española, condenó este viernes a dos años de prisión al rapero Pablo Hasel por varios tuits y una canción, al considerar que en ellos realiza un enaltecimiento del terrorismo.

Las divergencias sobre si los tuits de Pablo Rivadulla –el verdadero nombre del artista– eran suficientemente ofensivos como para constituir un delito llevaron a que una de las juezas expresara su desacuerdo con la sentencia.

En su comunicado, la Audiencia Nacional dijo que había analizado 64 publicaciones en Twitter y una canción de Pablo Hasel y consideró que no solo se dirigen contra las autoridades del Estado sino que además aluden «a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento, incluso con la utilización del terrorismo».

El tribunal puso como ejemplo un tuit de 2016 en el que el rapero incluía una foto de un miembro los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO, extrema izquierda).

Según el comunicado, Hasel escribió: «Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá».

Una de las juezas se mostró en cambio contraria a la decisión de condenarlo a prisión, indica el texto.

«En ninguno de los 62 tuits que se han traído a este juicio se puede identificar un llamamiento a la violencia,» defendió.

No es la primera vez que Pablo Hasel es condenado por apología del terrorismo.

En 2014, la Audiencia Nacional lo condenó a dos años de prisión por algunas de sus canciones.

En ese caso no tuvo que cumplir la pena, como suele ocurrir con las personas condenadas por primera vez por delitos no violentos con sentencias inferiores a dos años.

Pero en esta ocasión, si el Tribunal Supremo confirma la sentencia de este viernes, el rapero será enviado a prisión para cumplir las dos penas.

La decisión llegó algo más de una semana después de que el Tribunal Supremo confirmara una pena de tres años y medio de prisión impuesta al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Varias personalidades de izquierda consideran que estos procesos son un ataque a la libertad de expresión. Las asociaciones de víctimas del terrorismo defienden en cambio la firmeza de la justicia ante lo que consideran una banalización de la violencia.




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