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Mediante la red social Twitter este 30 de junio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que había solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para todos los funcionarios que laboran en el Ministerio Público.

El activista en defensa de los Derechos Humanos y excoordinador general del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, explicó que la decisión de la Fiscal refleja el grado de indefensión y arbitrariedad en Venezuela, además de es la transmisión de un mensaje al mundo sobre la necesidad de atender la situación de DDHH en el país.

Alvarado indicó que la propia CIDH explica en el artículo 25 de su reglamento que las medidas cautelares ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano.

Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, la Comisión procederá a requerir al Estado involucrado la información necesaria a menos que la inmediatez del daño potencial no admita demora. De ser esto último el caso, revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada por las partes.

En el escrito remitido a la CIDH se relata como a partir de la declaración como ruptura del hilo constitucional de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se desencadenó una campaña de desprestigio a través del Sistema Nacional de Medios Públicos contra la Fiscal. Se relata la convocatoria irregular de una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro, lo cual generó la negativa de la titular del Ministerio Público a asistir a una reunión sobre la conformación de bases comiciales decidas sobre criterios poco claros.

El documento cita diferentes declaraciones descalificatorias de altos voceros gubernamentales, así como la situación de acoso sobre las instalaciones y miembros de su equipo de trabajo por parte de partidarios del oficialismo, que estimularon una confrontación física el 19 de junio. Este contexto ha generado situaciones de riesgo contra la Fiscal, sus familiares y los trabajadores del Ministerio Público.

La solicitud pide que la CIDH solicite medidas al Estado venezolano para garantizar la vida e integridad de Luisa Ortega Díaz, sus familiares y los trabajadores del Ministerio Público, así como el resguardo de las instalaciones físicas de la Fiscalía en todo el país.

Provea.




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