CNE foto referencial

La asociación civil Súmate alertó en un comunicado publicado en su cuenta Twitter que detectó migraciones atípicas y anormales en el registro electoral entre diversos estados del país.

“En la mayoría de los estados, la cantidad de reubicaciones y fallecimientos en promedio mensual superaron a los nuevos inscritos en el registro electoral”.

Súmate señala en el escrito que tras revisar el corte del registro electoral entre julio 2021 y enero 2022, solo en el ámbito nacional, las reubicaciones son 161% mayores que las inscripciones o incorporaciones.

Mientras, en un segundo corte del RE entre enero de 2022 y abril de 2022, dichas reubicaciones se impusieron sobres las incorporaciones en 213%.

La organización solicitó al directorio del Consejo Nacional Electoral ofrecer explicaciones para evitar razones que generen sospechas de manipulación de data del registro electoral. Todo con el fin de beneficiar alguna parcialidad política.

Disminuyen los electores dentro y fuera de Venezuela

Súmate además denunció que el número de electores dentro y fuera del país disminuye en el registro electoral. Esto, mientras crece el rezago de nuevos ciudadanos que requieren su inscripción a fin de ejercer su derecho al sufragio en las elecciones presidenciales de 2024.

Pese a que el número de electores disminuye en el Registro Electoral, sus proyecciones basadas en cifras de fuentes oficiales indican que existen unos 3.5 millones de venezolanos entre 18 y 45 años que no están inscritos en el RE, de los cuales más de 2 millones están en el país y un millón en el exterior, señala la organización en el comunicado,

Manifestó que dentro del país otros 2 millones 600 mil electores pretenden actualizar sus datos. Mientras que a otros 4 millones 800 mil ciudadanos en el extranjero en edad para ejercer el voto, hay que facilitarles el derecho a inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral.

Súmate se dirigió al directorio del CNE este jueves 8 de septiembre, en el comunicado reclamó el incumplimiento del deber constitucional y legal. Afirma que se debe garantizar la oportuna y correcta actualización del Registro Electoral, en forma permanente e ininterrumpida.




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