Tamara Suju (Foto cortesía)

La directora del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, en Caracas, funciona un centro donde mantienen secuestrados a civiles, no vinculados con detenciones políticas, a quienes torturan para que accedan al pago por extorsiones.

Según Suju, los familiares no denuncian porque los amenazan con matar a los secuestrados. Estos procedimientos son avalados por dos fiscales del Ministerio Público,  quienes tienen oficinas en el Dgcim y tapan la verdad de lo que allí ocurre. «Se trata de venezolanos que están en esos sitios de tortura, que ni siquiera son detenidos políticos y que los llevan a estos sitios cuando no pagan las extorsiones o vacunas, los torturan por días, semanas y meses y los familiares no denucian porque los amenazan con matarlos».

Según Suju, «la situación se torna más grave porque esta organización delictiva llamada Dgcim cuenta dentro de su estrucrtura con dos fiscales del Ministerio Público que se llaman Angel Betancourt y Farik Mora en la jurisdicción ordinaria; y Manuel Echeqnique para la jurisdicción militar.  Betancourt y Mora tienen oficinas habilitadas en la sede del Dgcim en las que planifican y ordenan todas las atrocidades en contra de civiles y mlitares a quienes consideran enemigos».

El testimonio de Suju insistió en la presencia de fiscales del MP en la Dgecim que son testigos de las violaciones de DDHH.  «Para la ejecución de torturas y aplicación sustancias narcóticas que suprimen la voluntad de los detenidos, utilizan muchas veces centros de torturas clandestinos».

La intervención de Suju antecedió a la presentación de una serie de videos en los que se aprecia a varios detenidos y las condiciones en las que se encuentran

 

 




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