No hay espacios para las dudas en estas palabras: “He aprobado y tenemos que implementar un sistema para ir a la búsqueda y captura de todos los delincuentes que han atacado al pueblo”. Su autor fue el presidente Nicolás Maduro al momento de anunciar que en VenApp se habilitó una opción para cargar datos de quienes participen en manifestaciones antigubernamentales.
Lo dijo el martes 30 de julio durante su discurso en la llamada movilización en defensa de la patria, realizada para contrarrestar las protestas ciudadanas que se desarrollaron en gran parte del país en contra del resultado de la elección presidencial anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le dio su cuestionada victoria.
Un día después, medios oficiales publicaron que en VenApp estaba activa la función “para denunciar a los comanditos criminales y grupos delincuenciales y criminales que intentan alterar la paz del país”, como se lee en Diario Vea.
Al ingresar a la Línea 58 de la app en “crear reporte” aparecía la opción calificada como “denuncia”. Al seleccionarla se desplegaban subcategorías como: saqueos, daños al patrimonio público, alteración del orden público, ataques a personas, desinformación, robo, cierres de vías públicas, amenazas y guarimbas fascistas.
VenApp fuera de línea
El 2 de agosto, Nicolás Maduro aseguró que ya se habían atendido cinco mil reportes de amenazas a líderes de calle a través de la VenApp. “Tengan la seguridad de que uno por uno los vamos a despejar”.
El coordinador general de Redes Ayuda, Luis Serrano, dijo que, hasta la fecha, se desconoce a quienes denunciaron e investigaron a través de VenApp, por lo que la opacidad informativa se impuso una vez más.
Según reportó el Observatorio Digital Probox, periodistas, activistas y medios solicitaron reportar VenApp y elevar la alarma a las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple Store sobre el uso de esta app para la persecución de la disidencia. Este movimiento logró que Apple y Google suspendieran de sus tiendas la disponibilidad para descargar y actualizar la aplicación.
Desde Amnistía Internacional aseguraron, según se documentó en el Informe Crisis Postelectoral y de DDHH en Venezuela 2024, llamado “Libro Negro de la Dictadura 2024”, que VenApp fue eliminada de Google Play y App Store después de una protesta pública masiva, pero continúa activa para quienes ya la habían descargado en sus teléfonos.
Una APK para salvar el día
El 22 de julio de 2023 Sara Lárez, gerente comercial de VenApp, anunció que la aplicación había alcanzado un millón 700 mil usuarios desde su lanzamiento, un año atrás.
Desde el 31 de julio, con la noticia de que VenApp ya no estaba disponible en Google Play y Apple Store, aumentaba la narrativa oficialista de que “una potencia imperialista lo estaría censurando”. En este momento se generó la distribución gratuita y descontrolada del archivo APK de VenApp, capaz de lograr que la aplicación funcionara en equipos con sistema operativo Android. Este archivo se compartió por distintos foros”.
VenApp fue creada en mayo de 2022 con el objetivo, según el propio Nicolás Maduro, de que los ciudadanos hicieran denuncias a su gobierno sobre fallas en los servicios públicos y otras solicitudes.
Cazadores de Fake News reportó que la aplicación había sido creada por una empresa registrada en Panamá, que también había participado en la campaña electoral del candidato Jorge Arreaza a la gobernación de Barinas.
VenApp: ¿Denuncias o cacería?
A través de un comunicado, Amnistía Internacional cuestionó el nuevo uso de la aplicación, al asegurar que las empresas tecnológicas sientan un precedente peligroso con una aplicación para denunciar a manifestantes antigubernamentales. “El hecho de que los desarrolladores de tecnología revisaran la aplicación para agregar esta nueva función y las plataformas tecnológicas la incluyeran después en fuentes ampliamente disponibles, plantea la pregunta siguiente: ¿están estas empresas cumpliendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos?”, dijo el director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnistía internacional, Matt Mahmoudi.
También cuestionó el riesgo de que el gobierno venezolano utilice dicha aplicación no solo para limitar el derecho de las personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También para contribuir potencialmente a detención y reclusión ilegítimas y otros abusos graves contra los derechos humanos.
En la carta abierta de VeSinFiltro, titulada "Violencia y represión posibilitada por tecnología en Venezuela", se destaca que la integración de las plataformas digitales a las prácticas de persecución del chavismo sigue un patrón de décadas de creación de un sistema de castigos y recompensas para obtener inteligencia social a través de acusaciones de disidencia política. “Están incrustados en la sociedad a través de una estructura de jefes callejeros del partido local y soplones conocidos como patriotas cooperantes".
El potencial uso negativo de VenApp estaba a la vista
Durante a recopilación de datos del “Libro Negro de la Dictadura 2024” se consultó a un experto en seguridad digital, quien recordó que antes del 28 de julio ya había alertas sobre el potencial uso negativo de la aplicación VenApp. “Hubo dos líneas de críticas: las relacionadas con ciberseguridad y las vinculadas con el uso partidista o como herramienta de captación de Big Data. En la primera había la duda de que, si es una aplicación vinculada con el gobierno, podría entregar datos del celular y espiar las comunicaciones a través de esa aplicación. ¿Qué tan segura es una herramienta de este tipo?
En la segunda línea de cuestionamiento sobre si era una herramienta de gobierno electrónica, en manos de un gobierno autoritario como el de Venezuela, básicamente podía ser usado para muchas cosas. Sobre todo, para captación de Big Data con fines electorales, una herramienta de uso del PSUV también. De captación de gran cantidad de datos que pueden ser explotados en coyunturas electorales”.
Consejo de Ciberseguridad para perseguir
El 12 de agosto de este año, el presidente Maduro dio una orden clara: Crear el Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos contra los sistemas tecnológicos del país, sobre todo los que aseguraron que ocurrieron durante la elección del 28 de julio.
Su objetivo es organizar "una red de vigilancia" permanente de incidentes telemáticos, afiliada a los pares regionales para prevenir, mitigar o controlar los delitos informáticos transfronterizos. La creación de este Consejo se confirmó en la Gaceta Oficial 42.939 que contempla la asesoría a Maduro y al Consejo de Defensa de la Nación en la elaboración de la "política nacional de ciberseguridad" que contenga planes y programas sobre seguridad informática y vigilancia tecnológica. También la "supervisión y control de incidentes telemáticos". Igualmente, elevará propuestas de regulaciones, leyes o reglamentos en materia de prevención de uso de las tecnologías de información y comunicación con "fines delictivos".
La directora ejecutiva del Observatorio Digital Probox, Mariví Marín Vázquez, expresó que la historia reciente de la libertad de expresión y la persecución en el país revela que el Consejo de Ciberseguridad será un mecanismo más de control estatal. Tendrá como justificación proteger la paz, la soberanía y la nación.
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Aunque se presenta como un esfuerzo para mejorar la ciberseguridad, su creación se puede traducir en un incremento de la vigilancia sobre los ciudadanos y mayor control sobre el flujo de información en el ciberespacio del país, detalló Marín. "Esto ya lo hemos visto en países cercanos al gobierno de Maduro, con medidas muy similares para censurar y controlar la información a la que se puede acceder o incluso lo que se puede publicar”.
El ejemplo de China
La activista recordó que en China, por ejemplo, existe un conjunto de leyes y reglamentos que regulan estrictamente el contenido que los ciudadanos pueden publicar en internet. Estas leyes tienen como objetivo principal mantener la estabilidad social y proteger los intereses del Estado. Un poco lo que describe al Consejo de Ciberseguridad en Venezuela.
Regulación positiva en una democracia saludable
El coordinador general de Redes Ayuda, Luis Serrano, fue tajante: “En un país normal la creación de ese consejo me alegraría”. Señaló que no es una propuesta novedosa y que hay entes similares en naciones como Estados Unidos, España, Alemania y Japón.
Según Serrano, en una democracia saludable podríamos tener una ley de protección de datos y si tumban, por ejemplo, una web de un ministerio, se investiga quién está detrás y se hace la inversión necesaria para que no vuelva a ocurrir. "Además de aprender de eso y bajar la política también a gobernaciones, alcaldías, poder judicial, legislativo y electoral, es otro modelo de Estado”.
Pero en el caso de Venezuela todo apunta a que las políticas de ese consejo serán otras. “La red de vigilancia 24 horas mencionada en el decreto plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y las libertades individuales. Ella refuerza el carácter autoritario del Estado y la violación sistemática de derechos humanos. y elimina cualquier posibilidad de comunicarse de forma privada, sin tener en cuenta cuáles son los lineamientos que definen a estos supuestos ´incidentes telemáticos´. Es una medida para aumentar más el control y la censura sobre la población”, insistió por su parte la directora ejecutiva de Probox.
Ley de Delitos Informáticos desactualizada
Serrano recordó que en 2001 se promulgó la Ley Especial contra los Delitos Informáticos en Venezuela, pero que contempla delitos que han cambiado, por lo que esa normativa debe actualizarse. “Sin embargo, en caso de que se haga en el actual contexto no sabemos si de verdad se hará para atender temas de ciberdelitos y que no sea un instrumento para perseguir a la disidencia”.
Para Marín Vázquez, lo más básico de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos es que está desactualizada completamente ya que en 23 años cambian muchas cosas, especialmente en lo tecnológico. “De hecho, el Estado se ha apoyado más en otras legislaciones como la ´Ley del Odio´ para justificar detenciones arbitrarias vinculadas con el mundo digital, que en la ley de delitos informáticos. Sin embargo, el capítulo 3 de esta ley sí hace énfasis en la privacidad de las personas y de las comunicaciones, cosa que pareciera se pretende anular por completo con el sistema de vigilancia que se quiere implementar con el Consejo de Ciberseguridad”.
Marín insistió en que es necesaria la creación de mecanismos de supervisión independientes que puedan monitorear y auditar las acciones del Consejo de Ciberseguridad.
Además, es esencial fomentar la educación digital en la ciudadanía para que entiendan sus derechos en el ciberespacio y cómo protegerse de posibles abusos por parte del Estado. “Es decir, todas las organizaciones que trabajamos en este ámbito debemos encargarnos de reeducar a la población y brindarles todos los mecanismos posibles para protegerse. Al mismo tiempo, tener acceso a información verificada y espacios digitales seguros para expresarse”.
