En la reciente actualización oral del informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, durante el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de ese organismo, Michelle Bachelet, resaltó las cifras alarmantes sobre la situación carcelaria nacional y da cuenta de las persecuciones y reiteradas violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión e información.
A través de su portal web, el capítulo venezolano de la ONG International Transparency, ente financiado por la Unión Europea, señala este domingo 5 de julio que el informe también desenmascara las torturas, abusos, juicios injustos, asesinatos perpetrados por cuerpos policiales, masacres cometidas por bandas delictivas y transgresiones de todo tipo que atentan contra la integridad y dignidad de las personas.
Asegura que la sociedad civil ha documentado y denunciado las acciones perpetradas desde la delincuencia organizada y desde los organismos de seguridad, orden público y defensa nacional, a los que debería corresponder combatir al primer grupo.
Fallecimientos en las cárceles
Destaca que el nuevo informe Bachelet “Crimen, organismos de seguridad y derechos humanos” recoge la voz de las víctimas y de sus familiares, bajo una labor desarrollada por expertos que estudian la degradación en las cárceles y calabozos del país, donde de acuerdo con reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han fallecido más de 7 mil reclusos en los últimos 20 años.
Añade, al respecto, que en los últimos 20 años miles de reclusos también han sido lesionados, muchos de gravedad, con mutilaciones u otras heridas, mientras que enfermedades como VIH, tuberculosis y escabiosis (sarna) pululan tras los barrotes, a causa de las aberrantes condiciones de hacinamiento, insalubridad y escasa o ninguna atención médica.
Ejecuciones extrajudiciales
Asimismo, el texto enfatiza en las ejecuciones extrajudiciales. Toma datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que añade que, solo en 2018, se registraron en el país 23 mil 047 muertes violentas, de las cuales 7 mil 523 ocurrieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, una de cada tres muertes se produjo por la acción de policías y militares.
La realidad parece indicar que la mayoría de estos decesos se ha disfrazado bajo la figura de “resistencia a la autoridad” o “enfrentamientos”.
Transparencia Venezuela también documenta las 38 presuntas ejecuciones de jóvenes, entre mayo de 2019 y mayo de 2020, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otras instituciones armadas, o las mil 324 muertes en el marco de “operaciones de seguridad”, de las cuales 432 se adjudican al FAES, 366 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y 136 a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Con información de Transparencia Venezuela.
