Dayrí Blanco
Astrid Rodríguez
La justicia militar en Carabobo ya tiene resultados: 54 personas detenidas por el Plan Zamora fueron privadas de libertad y trasladadas a la cárcel 26 de Julio en Guárico. Se trata del grupo de 77 de un total de 251 que ya ha sido presentado ante tribunales con competencias castrenses en la región. Los restantes 23, recibieron medidas cautelares sustitutivas.
El proceso ha sido catalogado por Luis Armando Betancourt, coordinador regional del Foro Penal Venezolano (FPV) como viciado en audiencias maratónicas. Entre siete y 12 horas frente a la juez sexto de control militar del circuito penal castrense del estado Carabobo, Luz Santafé, tienen que pasar los abogados y los acusados.
Todos han sido imputados por los mismos delitos: Instigación a la rebelión y vilipendio a la Fuerza Armada Nacional (FAN), de acuerdo a Antonio Marval, abogado penalista integrante también del FPV. Explicó que el primero de los delitos otorga pena de cárcel entre 4 a 10 años y expulsión de las FAN. Una condición que no es aplicable en civiles. Y el segundo se trata de ofensas a cuerpos militares. “Se mete a todos en un mismo lote, sin importar si algunos cometieron acciones vandálicas contra comercios o solo estaban protestando”.
Las imputaciones comenzaron el viernes 5 de mayo tras la activación del Plan Zamora, la tarde del miércoles, que retuvo a más de 780 personas y pasó a juicio a 251. En la primera jornada de audiencias se presentaron ante Santafé y el fiscal 15 del circuito penal militar de la región, Nidal Mahmud, 30 personas. El sábado fue el turno de 19. Y el domingo, con cambio de sede, del Core 2 al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Ciudad Chávez, se imputaron 28. Este lunes en la lista había 40 personas. Se desconoce si todos fueron presentados porque el procedimiento comenzó pasadas las 5:00 p.m.
Betancourt denunció que desde la detención de esas 251 personas los abogados no han podido tener contacto directo con los aprehendidos, quienes se encuentran en diferentes sitios de reclusión como la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policías municipales, y destacamentos de la GNB. “Eso viola el debido proceso”.
Presentaciones: Calvario de los familiares de los detenidos
La angustia crece cada vez más-Desde la detención de su esposo el jueves a las 12:00 p.m en Ricardo Urriera por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) su vida cambió, los problemas económicos ya no son su prioridad, ahora ha pasado por un calvario peor: no saber qué pasará con el padre de sus hijos.
Tiene miedo de hablar, la seguridad de su familia le impidió identificarse con la prensa. Pero la dama repite incansablemente que su pareja es inocente, y que muchos de los detenidos también lo son. “Gobernador, Presidente, averiguen bien los casos, muchos de aquí no forman parte de los delitos que les imputan”
La irregularidad en los juicios es latente. Civiles reciben privativa de libertad en un tribunal militar. La información que reciben los familiares es escasa. Mila Jiménez relató que desde que se enteró de la retención de su hijo, el jueves en la tarde en Bella Florida, las horas se han vuelto más largas y el desconocimiento sobre la situación de su hijo empeora.
El domingo estaba en el Comando de la Zona 41 de la GNB, antiguo Coredos, cuando observó cómo un autobús TransCarabobo salió de la instalación militar con varios detenidos. La desesperación la invadió. Un efectivo de apellido Hernández le dijo a los familiares, que lloraban desconsoladamente y pedían explicaciones, que los privados de libertad iban en ese vehículo con rumbo a la cárcel 26 de Julio en Guárico.
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“¿Ese será el destino de mi hijo?” pensó Jiménez. Unas horas después, recibió una llamada. “Era él” me informó que realmente el autobús trasladaba a los que serían presentados durante el domingo al comando de la GNB en Ciudad Chávez, nuevo lugar donde se llevarán a cabo los juicios.
Cristina Pérez, sentada en una pequeña redoma con matas verdes en horas de la noche, espera por la presentación de su hermano y su cuñado en Ciudad Chávez este lunes.
No es de Carabobo, tampoco su hermano. Ambos residen y trabajan en Caracas. La rabia la invade. “No hay justicia, somos personas naturales y nuestros familiares están siendo presentados en un tribunal militar, nos están violando nuestros derechos humanos y no pasa nada”.
Relató que su hermano venía a Carabobo todas las semanas en sus días libres, miércoles y jueves. Trabaja en el Centro Comercial Sambil de Caracas. Su familia reside en Bella Florida. El jueves delincuentes sustrajeron ilegalmente productos de Mocasa, empresa cercana a la vivienda donde estaban su hermano y cuñado.
La GNB llegó al lugar, allanaron varias casas y se llevaron a tres personas. “No les encontraron nada, los llevaron a Mocasa, los ensuciaron y los incriminaron”,
Cristina Pérez se enteró el viernes que su hermano había sido retenido, se vino inmediatamente a Carabobo, fue a la delegación del Cicpc en Plaza de Toros. Al principio no querían darle información, pero uno de los funcionarios al notar el desespero de la dama le permitió verlo por unos minutos.
Estaba sucio y solo tenía un golpe en los labios. Esa noche los trasladaron al Comando de la Zona 41 de la GNB y el domingo al Destacamento en Ciudad Chávez. El lunes en la noche inició su presentación. Su fé está en Dios, aunque sabe que en Venezuela la ley no se cumple, espera que las pruebas demuestren la inocencia de su hermano.
