Las pretensiones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de eliminar beneficios laborales de los trabajadores ucistas intentarán impedir las autoridades de la Universidad de Carabobo.
La rectora Jessy Divo de Romero, junto al vicerrector administrativo José Ángel Ferreira, el liminarsecretario Pablo Aure, y los decanos de las siete facultades del alma máter carabobeña, mantienen reuniones permanentes evaluando las acciones que emprenderán. Las autoridades exigirán una reconsideración de estas decisiones con la intención de que estas sean revisadas y suspendidas.
El día 23 de julio se recibió una comunicación emitida desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en la que se informó que a partir del mes de agosto del año en curso, con retroactividad en julio, se eliminarían y disminuirían beneficios que forman parte de los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores fijos, contratados, jubilados, pensionados y sobrevivientes.
Si esta comunicación se refiriera solamente a la disminución de la Prima de Responsabilidad para las autoridades y personal directivo, sería menos nociva, pero esta medida también va dirigida a otros sectores de nuestra comunidad a los que se les elimina o disminuye beneficios alcanzados de vieja data, y que al igual que las primas tienen soportes legales con fundamentos sólidos que los consagran como derechos laborales del personal en general, señaló la rectora.
Beneficios eliminados
“Uno de los sectores más afectados sería el Personal Jubilado, pues se pretende eliminar el “Complemento de Pensión”, para dejar solo el monto de pensión referido al sueldo básico que ostentaba hasta el momento de la jubilación, obviando el hecho de que la Pensión en su totalidad se conforma con todas las remuneraciones devengadas al mes inmediato anterior al otorgamiento del beneficio, y que dicha pensión es un monto único e indivisible, que se incrementa en la misma proporción en la que se hace en el sueldo tabla. Esta decisión afectaría a 6.251 trabajadores, es decir, más del 90% del personal jubilado, pensionado y sobreviviente”, precisó la rectora.
Otro sector altamente vulnerado sería el personal docente de todas las categorías con dedicación a medo tiempo y tiempo convencional, ya que se estarían eliminando los beneficios de Prima Familiar y Prima de Apoyo a la investigación docente.
En cuanto a las Primas de Responsabilidad, tal como se ha informado reiteradamente, fueron aprobadas en el año 2005, asignadas en ese momento solamente para 179 personas, autoridades universitarias y personal directivo. Representaban un 2,5% de la población y era exclusivamente para personal docente.
En el año 2018, fue creado el Sistema de Reconocimiento al Personal de Libre Nombramiento y Remoción, Elección y Concurso, desarrollado por etapas, en las que progresivamente se ha ido incrementando el número de beneficiarios, tomando en cuenta los criterios de formación, meritocracia y compromiso con la institución. Al día de hoy son aproximadamente 2.401 trabajadores quienes perciben este estímulo a su trabajo.
A pesar de que se mantiene el beneficio, se ordena una disminución del 62% del monto mensual, afectando no solo a las autoridades y directores, sino también a las Primas de Jerarquía asignadas a jefes de departamento, jefes de cátedra, editores de revistas, miembros de auditorías académicas, asistentes de apopo, asistentes operativos y servicios de seguridad.
Se pretende una significativa disminución del bono de asiduidad que ha venido percibiendo el personal que ha estado prestando servicio de manera ininterrumpida en un proyecto o trabajo especial, pasando este bono de Bs. 1.200.000,00 a 425.000,00. También se eliminó la posibilidad de reconocer la labor de los miembros de comisiones académicas, y la solicitud del Bono de Rendimiento Académico propuesto para todo el personal docente, administrativo y obrero.
Para la máxima autoridad, demás está decir que todas estas instrucciones representan un agravio, una violación a los derechos humanos laborales, atentando contra los principios de intangibilidad y progresividad, así como a los principios de irrenunciabilidad, igualdad, continuidad, justicia social, y uno de los más importantes, el principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor, todos ellos recogidos en la jurisprudencia nacional e internacional.
La rectora explicó que lamentablemente esta situación se ha generado a partir de la campaña de desprestigio, descalificación, difamación e injuria que un grupo de personas con claros intereses personales se dedicó a desarrollar. «La mezquindad de unos pocos está afectando hoy a un importante número de personas que han hecho posible que la Universidad de Carabobo se mantenga activa, atendiendo incluso durante la pandemia, todos los requerimientos que desde el MPPEU se hacen diariamente, para mantener al día los pagos de todos los trabajadores, atendiendo la salud y la seguridad social de los trabajadores, así como las labores académicas, de investigación y extensión propias de la casa de estudios, entre otras muchas labores que a veces se obvian”.
Este grupo de personas ha desplegado una campaña discriminatoria, persecutoria, que atenta no solo contra las personas y equipos de trabajo, sino que además distrae la atención de los verdaderos problemas de la UC, el salario y los beneficios de los trabajadores, la infraestructura, la seguridad, entre muchos otros que no solo afectan a los universitarios, sino a todos los venezolanos.
Por ello, con toda responsabilidad debo señalar que no nos quedaremos de manos cruzadas, que ante este acto violatorio de los derechos de los trabajadores no cesaremos en nuestro esfuerzo por defender los beneficios adquiridos y garantizar la estabilidad y protección de nuestros trabajadores. “Tengan la seguridad nuestros docentes, empleados y obreros que utilizaremos todas las alternativas, incluso las legales, para defender los intereses de quienes están activos y de nuestros jubilados, quienes tanto dieron a la UC y hoy no pueden quedar desprotegidos”.
Nota de prensa
