Durante 2020 la situación económica de la Universidad de Carabobo (UC) fue crítica. Apenas recibió la mitad del presupuesto que por ley le corresponde y con una devaluación de 80%.
A inicios del año pasado los recursos que debió enviar el gobierno de Nicolás Maduro a la institución era el equivalente a 500 mil dólares, pero cuando fueron asignados ya el monto representaba solo 100 mil dólares. A esto se suma que aún resta 50% que nunca fue enviado y que actualmente se traduce en seis mil dólares que resultan totalmente insuficientes.
Por primera vez en toda la historia, no se ejecutó el Presupuesto Ley. “Solamente enviaron la mitad de los gastos de funcionamiento y cantidades exiguas para proyectos y providencias estudiantiles. Por ley el Ejecutivo debió haber honrado el presupuesto que nunca llegó”, alertó el vicerrector administrativo de la UC, José Ángel Ferreira.
Con este atraso, la crisis en la máxima casa de estudios de la entidad es cada vez más aguda. La exigencia en estos momentos es que se entregue el presupuesto completo de 2021 durante los primeros tres meses del año para comenzar a dar respuesta a las dificultades financieras que enfrentan en cuanto a responsabilidades ante terceros y el desajuste en la armonización de la contabilidad.
Más problemas económicos
La crisis económica cobra una dimensión mayor al tomar en cuenta que existe un desfase en la unidad tributaria que hace que todos tengan que cancelar una cantidad insólita en el próximo pago del Impuesto Sobre la Renta, pese a tener sueldos de hambre.
El deterioro de la institución es tal que el personal financia el mantenimiento de los bienes de la universidad. A esto se agregan “las absurdas tablas salariales centralizadas por el Ejecutivo, la pérdida del Presupuesto Ley 2020, el traslado de competencias de nómina hacia el Sistema Patria, así como las de HCM y funerarias al Sismeu, dejan maltrecha a la universidad a la cual, de paso, no le han permitido renovar autoridades en una década”.
Ferreira insistió en que si la administración de Maduro tiene interés en que las universidades nacionales puedan seguir produciendo conocimiento y distribuirlo, así sea en forma virtual por causa de la pandemia, es extremadamente necesario que se respete la institucionalidad dotando de presupuestos justos y no discrecionales, se rescaten los canales regulares y se recupere la soberanía universitaria.
Un primer y necesario paso para recuperar esa institucionalidad es la ejecución temprana del presupuesto 2021, a través del cronograma de desembolso, en los tres primeros meses del año y así comenzar a rescatar en todo el país las deterioradas instalaciones de las universidades.
Sueldos de hambre
Los salarios del personal de la Universidad de Carabobo sufren un proceso de degradación. “Esto sucede por el aplanamiento de las tablas salariales ocurrido en el año 2018 que se ha mantenido en el tiempo, y que pretende ser sustituido con aportes ajenos a la nómina universitaria con figuras como el llamado Bono Simón Rodríguez”.
La consecuencia directa de esto es que el personal esté en una situación realmente dramática, que se traduce en padecimientos de toda la familia universitaria y en la búsqueda de otras opciones para poder sobrevivir.
Con el aplanamiento de las tablas salariales, después de la reconversión monetaria, se eliminaron las partidas presupuestarias relativas a asistencia de salud en forma directa, lo cual se sustituyó por el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu), “mecanismo que ha resultado un verdadero fracaso. Incluso, los servicios funerarios y el sistema auto administrado de salud, establecidos en la convención colectiva, no se han mantenido, lo cual deja en desamparo total a la familia universitaria”.
Ante este panorama de desasistencia, las universidades del país han buscado opciones distintas, particulares o colectivas, para enfrentar el tema de salud. “A pesar de que algunas han tenido éxito, ese esfuerzo nunca será suficiente, pero logran soslayar una obligación del Ejecutivo Nacional establecida en la Constitución y en la Ley de Universidades. Estas partidas no existen desde hace tres años y, además, hay obligaciones colaterales que tienen que ver con apoyos previstos en la convención han sido inexistentes”.
