El Gobierno de Venezuela confirmó su participación en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) programadas para este lunes 4 de mayo. A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, la administración de Delcy Rodríguez precisó que la asistencia tiene como único fin «mostrar ante el mundo la verdad» sobre sus derechos históricos, pero ratificó que no reconocerá la autoridad del organismo ni la obligatoriedad de sus sentencias en la disputa territorial con Guyana.
Caracas reiteró que su presencia en La Haya no constituye un consentimiento a la jurisdicción del tribunal. El Ejecutivo cuestionó el proceso judicial al calificarlo como una acción «incoada unilateralmente» por Guyana, país que administra los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo. Venezuela sostiene que el tribunal carece de legitimidad para resolver una controversia que involucra un territorio rico en minerales e hidrocarburos, reportó la Agencia EFE de Noticias.
La posición oficial insiste en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido para dirimir el conflicto. Según el comunicado, este tratado internacional obliga a ambas partes a alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria, dejando de lado el Laudo Arbitral de París de 1899, el cual Venezuela declaró nulo en 1962 por considerarlo un fallo fraudulento.
Guyana, por su parte, elevó el caso ante la CIJ en 2018 con el objetivo de ratificar la validez legal del laudo decimonónico que estableció la frontera actual. Mientras Georgetown defiende la vía judicial como el camino definitivo, Venezuela denuncia que se intenta validar una desposesión territorial británica. El Gobierno de Rodríguez concluyó que «jamás» renunciará a la soberanía de la región esequiba, independientemente del desarrollo de las audiencias.
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Venezuela asistirá este 4 de mayo a las audiencias de la Corte Internacional de Justicia por el Esequibo, pero advierte que no reconocerá su jurisdicción ni sus decisiones. El Gobierno de Delcy Rodríguez sostiene que su participación solo busca exponer los derechos históricos del país frente a la demanda unilateral de Guyana.
Para Caracas, la única vía legal válida sigue siendo el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual exige un arreglo práctico entre ambas naciones. Mientras la CIJ avanza en el proceso, Venezuela ratifica que no renunciará a la soberanía de los 160.000 kilómetros cuadrados en disputa.
