El viceministro peruano de Transportes, Luis César Rivera Pérez, fue condenado a seis años de cárcel por una negociación incompatible con su cargo, a raíz de una denuncia cuando fue gerente general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), informó este viernes la Fiscalía.
Rivera Pérez fue sentenciado por haber intervenido en la contratación de dos empresas de seguridad para el aeropuerto Juan Velazco Astete y la estación radar Acopia Grande, ambos en la ciudad de Cuzco, de acuerdo con la acusación del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.
La misma sentencia fue impuesta a cuatro funcionarios del terminal aéreo del Cuzco, el segundo con mayor movimiento de viajeros del país, después del aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, que sirve a Lima, y a los representantes de las empresas World Security and Services, Emilo Huamán Pérez, y de Walkers Protection, Henry Achaca Vergaray, como cómplices.
Viceministro peruano de Transportes
El Ministerio Público detalló que el fiscal adjunto provincial Guzmán Vera Coronel probó que uno de los sentenciados, Dhenis Cabrera Garrido, y el actual viceministro autorizaron la contratación de las dos empresas por un monto de 1 millón 761 mil 878 soles (457 mil dólares) y fraccionaron las órdenes de servicio por cifras menores a las tres unidades impositivas tributarias (UIT), renovadas cada dos días entre marzo del 2013 y enero de 2014.
Para conseguirlo, omitieron el trámite de la exoneración por la causal de desabastecimiento inminente, con la finalidad de beneficiar ilícitamente a dichas compañías, afirmó la Fiscalía.
El juez ordenó, en adelanto de fallo, el pago solidario de 1 millón 255 mil 420 soles (326 mil dólares) como reparación civil a favor del Estado; la cancelación de 180 días multa (equivalente a 532 dólares cada uno) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de seis años.
Actualmente, la Fiscalía y la Policía Nacional buscan para detener al exministro de Transportes Juan Silva, denunciado como parte de la presunta organización criminal en el Ejecutivo, atribuida al mandatario Pedro Castillo, para adjudicar obras de Estado a determinadas empresas a cambio de dinero.
