VOA | Primaria opositora venezolana: camino de obstáculos que apenas inicia la lucha por la Presidencia
/ Foto: EFE

A un día de que la oposición venezolana celebre la primaria con la que espera definir al abanderado que se medirá con el candidato de gobierno en las presidenciales de 2024, persisten diversos retos a los que debe enfrentarse, entre ellos su propia fragmentación.

Aún es incierto si las presiones gubernamentales denunciadas en múltiples ocasiones por la oposición impedirán el funcionamiento, este domingo, de los más de 3 mil centros de votación dispuestos en lugares públicos, estacionamientos e incluso, un 30% de ellos, en casas de familia.

Las encuestas coinciden en que la líder opositora, María Corina Machado, mantiene una amplia delantera sobre el resto de los candidatos y se perfila como virtual ganadora del proceso.

Pero su inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque considerada “arbitraria e inconstitucional”, sigue siendo un asunto no resuelto para lograr formalizar su inscripción como candidata presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Uno de sus rectores ya ha dicho que no permitirán la participación de candidatos inhabilitados.

Queda presionar

El mes pasado, consultada por la Voz de América sobre la estrategia a seguir para formalizar su candidatura ante el CNE en caso de ganar la primaria, Machado afirmó que se requiere un liderazgo “unificador y legitimado”, un país “organizado y movilizado”, alineado con intereses de diversos actores políticos, económicos, financieros e internacionales

“La presión será tal sobre el régimen que estarán obligados a aceptar los términos de una negociación seria, donde existirán incentivos y garantías para asegurar y facilitar la transición a la democracia en Venezuela, que comienza con un proceso de elecciones competitivas”, dijo.

Aunque la Comisión Nacional de Primaria permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un candidato inhabilitado resulte ganador.

De hecho, el argumento para retirarse de la contienda del líder opositor, Henrique Capriles, fue que sobre él pesa una inhabilitación que, aunque “inconstitucional”, “está allí, impuesta por un gobierno no democrático”.

Medidas arbitrarias, soluciones pacíficas

El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, Omar Barboza, insistió recientemente en que las inhabilitaciones son medidas “arbitrarias” y aseguró que, en caso de que un candidato inhabilitado triunfe en la primaria y le impidan formalizar su inscripción, buscarían soluciones políticas.

“Ninguno de los candidatos que hemos inscrito está condenado definitivamente firme por alguna condena de tipo penal. No están inhabilitados constitucionalmente”, dijo semanas atrás.

Esta semana el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en Barbados dos acuerdos parciales, uno de ellos sobre garantías electorales.

Horas después, el gobierno de EE.UU. anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si, antes de finalizar noviembre, no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.

Algunos altibajos

Durante el proceso previo al día de la elección interna del domingo 22, la Comisión Nacional de Primarias enfrentó diversos desafíos como la renuncia de dos de los miembros que entre junio y julio argumentaron que sin el CNE y sus centros electorales sería “imposible” llevar a cabo la elección “de manera extendida” y denunciaron la ausencia de condiciones “técnicas y logísticas”.

Además, un político de bajo perfil que la oposición vincula con el chavismo acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir un recurso judicial con el objetivo de suspender la primaria.

El complejo panorama político ocurre en un contexto de crisis generalizada: una inflación interanual de 396%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF); bajos salarios, fallas en los servicios públicos que el gobierno atribuye a las sanciones internacionales, así como el incremento de una política de represión contra la disidencia, denunciada por organizaciones defensoras de DD.HH. dentro y fuera de Venezuela.

De acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora Delphos, un 84,6% de la población encuestada ve necesario un cambio de gobierno.

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