Miles de migrantes venezolanos en Colombia permanecen en un limbo jurídico que les impide acceder de forma plena a derechos básicos como la salud, la educación o el empleo. Así lo revela un informe de la organización Provea y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que advierte sobre el debilitamiento de las políticas de integración en ese país.
El estudio señala que incluso los migrantes que obtuvieron el permiso por Protección Temporal (PPT) continúan afrontando obstáculos para insertarse en la vida cotidiana. Entidades bancarias, empresas y establecimientos comerciales no reconocen el documento, lo que -según el informe- lo ha convertido en un papel “sin valor práctico” para efectuar trámites o acceder a servicios.
El gobierno de Gustavo Petro eliminó estructuras claves como la Gerencia de Fronteras y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), lo cual frenó los procesos de regularización para quienes ingresaron después de junio de 2023 y redujo el nivel institucional del asunto migratorio, al transferir sus competencias a un ministerio que posteriormente fue declarado inexequible.
Cierre de Usaid en contra de los migrantes
El cierre de la agencia estadounidense Usaid agravó el panorama al dejar un vacío de 70% en la asistencia humanitaria, generando la pérdida de más de mil empleos en ese sector.
Aunque el sistema judicial ha emitido fallos a favor de los migrantes, el informe denuncia que su cumplimiento sigue siendo limitado. Entre los casos destacados se incluyen decisiones judiciales “para ordenar que se acepte la cédula venezolana para visitas íntimas en cárceles, garantizando el derecho a la unidad familiar, o proteger el acceso a la salud urgente de una migrante en situación irregular”.
Falta de protección para perseguidos políticos
El documento también advierte sobre la ausencia de mecanismos de atención diferenciada para quienes huyen de Venezuela por razones políticas. Activistas, periodistas y defensores de derechos humanos llegan al país sin recibir tratamiento que reconozca su necesidad de protección internacional.
Según el texto, “los perseguidos llegan a un país que no los percibe como personas con necesidad de protección internacional, sino como simples migrantes”, lo que ha llevado a que “muchos han tenido que abandonar Colombia, país que no ofrece opciones de permanencia ni protección para este perfil”.
Cambios en los flujos migratorios
A pesar de las dificultades, el informe prevé que la migración venezolana hacia Colombia continuará, aunque con variaciones en los destinos.
“Colombia seguirá siendo un receptor considerable de población venezolana”, afirma el documento, y agrega que “los sondeos más recientes reflejan que se mantiene la intención de los migrantes, pero con un redireccionamiento hacia otros países, como Brasil y España”, tendencia que se asocia al endurecimiento de las políticas en Estados Unidos.
El estudio insta al Estado colombiano a reactivar el PPT, establecer planes “de regularización permanente que evolucionen desde el ETPV hacia opciones de residencia definitiva para migrantes y refugiados venezolanos con arraigo en Colombia”, agilizar el reconocimiento del estatus de refugiado y reforzar el apoyo a las organizaciones humanitarias que trabajan con esta población.
