Más de 500 docentes del estado Carabobo están sufriendo la suspensión de su salario sin previo aviso, sin procedimiento administrativo y sin notificación alguna.
Lo que las autoridades llaman "cambio de modalidad de pago" es, en la práctica, una supresión arbitraria del sueldo que puede extenderse hasta un año, afectando incluso a maestros con incapacidades médicas, permisos pre y postnatal, procesos de jubilación o enfermedades graves como el cáncer. Así lo denunció Luis Guillermo Padrón, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Carabobo (Sinvemaca), afiliado a la Federación Venezolana de Maestros (FVM).
La situación fue denunciada durante las protestas del 22 de abril, cuando el gremio docente en todo el país hizo la exigencia de detener estos cambios de modalidad inconsultos. "Se les hace a las personas incapacitadas, las personas que tienen permisos médicos, las que están en pre y postoperatorio y a aquellos que hasta sufren de cáncer", denunció Padrón, quien dirigió la petición directamente al Departamento de Recursos Humanos del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de Carabobo.
La magnitud del problema es considerable. Según el dirigente sindical, en Carabobo se registran alrededor de 500 a 600 suspensiones de salario. Gracias a la intervención del sindicato, que ha gestionado la entrega oportuna de justificativos, se ha logrado reducir esa cifra a entre 300 y 350 casos entre los afiliados a la federación. Pero los que permanecen sin solución pueden pasar tres, cuatro meses sin cobrar, y en algunos casos hasta un año sin recuperar su salario.
Docentes suspendidos sin notificación
El mecanismo que se está aplicando a los docentes carabobeños tiene una base legal que, según Padrón, está siendo completamente tergiversada. La figura del cambio de modalidad de pago existe en la legislación laboral y aplica cuando un trabajador no justifica sus inasistencias, dándole un plazo de quince días hábiles para presentar la justificativa correspondiente. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Carabobo viola ese procedimiento en su esencia.
"Se le hace la suspensión de pago sin previo procedimiento administrativo, no se le notifica al trabajador", explicó Padrón. Esto contraviene directamente el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que exigen notificación previa antes de cualquier modificación en las condiciones laborales de un funcionario público.
Lo más grave es el perfil de los docentes afectados. No se trata de trabajadores con ausencias injustificadas, sino de personas en situaciones de clara vulnerabilidad: maestros con pre y postnatal, en proceso de incapacidad, con evaluaciones médicas en curso, en plena tramitación de jubilación o que ya cumplen los 25 años de servicio reglamentarios para jubilarse. A todos ellos se les ha suspendido el pago como si fueran trabajadores sin justificativo, ignorando completamente su situación particular.
Crisis hospitalaria
Una de las causas que alimenta estas suspensiones tiene un trasfondo que Padrón no esquiva: la precariedad del sistema de salud en Carabobo. Muchos docentes se ven forzados a salir del país para atender emergencias médicas propias o de familiares, precisamente porque, como señaló el dirigente sindical, "el nivel hospitalario del estado es bastante deplorable, deprimente y deficiente."
Esa salida del país, forzada por la falta de atención médica adecuada en Venezuela, se convierte entonces en el pretexto para aplicarles el cambio de modalidad de pago. El docente que viaja a atender una emergencia que el sistema público no puede resolver regresa para encontrarse sin salario, sin notificación y enfrentando un proceso burocrático que puede tardar meses en resolverse, si es que se resuelve.
"Muchos de los maestros salen de emergencias a atender familiares en el exterior porque no tienen otra opción, y esos cambios de modalidad entonces los dejan hasta tres, cuatro meses sin que les paguen", explicó Padrón.
Sinvemaca llamó a cumplir la ley
La posición del Sinvemaca es clara y está respaldada en la legislación vigente. Padrón llamó a la Secretaría de Educación y al Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de Carabobo, antigua Zona Educativa, a que cesen de inmediato las suspensiones de pago que se están aplicando sin procedimiento administrativo previo, sin notificación al trabajador y en violación del marco legal que protege a los docentes.
La propuesta del sindicato no es eliminar la figura del cambio de modalidad cuando corresponde, sino aplicarla correctamente. "Esos cambios de modalidad de pago deben hacerse notificándole primeramente al trabajador. Si el trabajador no está en el país, ahí sí no tiene cómo justificarlo, pero si está en el país, tiene que llamarlo", precisó Padrón, marcando la diferencia entre un procedimiento legítimo y lo que hoy se está practicando de forma arbitraria.
