El 28 de julio de 2024, la central de denuncias del Foro Penal en Carabobo no paró de sonar. Detenciones en La Isabelica, en Los Guayos, en Guacara, en Naguanagua. Todas confluían en un solo sitio: las inmediaciones del Fuerte Paramacay, donde familiares desesperados se agolpaban sin saber dónde estaban sus seres queridos.
Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo y director adjunto de la organización, activó de inmediato los protocolos: abogados voluntarios, planillas de autorización, presencia en los sitios de detención.
Pero cuando intentaron representar a los detenidos ante los tribunales, les cerraron la puerta. "A estas personas se les impedía el derecho a la defensa", recordó Betancourt. Incluso uno de los abogados de la propia organización, Kennedy Tejeda, fue detenido, y tampoco a él se le permitió defensa privada.
El perfil de los detenidos era tan amplio como arbitraria era la lógica de las aprehensiones. Políticos, ciudadanos comunes, médicos, amas de casa, estudiantes, personas que simplemente circulaban por un lugar. "Así todas esas personas las metían en el mismo saco", dijo Betancourt.
El Foro Penal intentó activar todos los canales institucionales disponibles. Solicitó una reunión con el presidente del circuito judicial penal del estado Carabobo, quien respondió que no tenía conocimiento de ninguna detención de carácter arbitrario. Fueron a la Defensoría del Pueblo. Denunciaron ante la Fiscalía. Ninguna de las denuncias fue aceptada. "Ya nos quedaba solamente una herramienta: ustedes, los periodistas. Los medios de comunicación social y las redes sociales fueron importantes para ese momento."
Esa decisión de hablar públicamente tuvo consecuencias inmediatas. Cuando el Foro Penal comenzó a publicar denuncias en redes sociales, las amenazas llegaron de forma directa. En una reunión celebrada en Carabobo se dijo abiertamente que hacían falta detenciones en el estado para silenciar lo que estaba ocurriendo. El nombre de Betancourt salió en esa reunión como el abogado que más daño le hacía a quienes ejecutaban las detenciones arbitrarias. "Se nos dijo básicamente hay que silenciarlos para amenazarlos."
El Foro Penal bajo amenaza
Betancourt tuvo que entrar en resguardo. Durante muchos meses operó desde la clandestinidad, sin poder ejercer su trabajo privado con normalidad, delegando la atención de sus clientes a otros abogados de su equipo. Su familia vivió la angustia del bloqueo informativo y la incertidumbre.
"La parte profesional se vio completamente detenida", reconoció. Pero nunca dejó de trabajar para el Foro Penal: atendiendo llamadas, respondiendo mensajes, acompañando audiencias en otros estados cuando no podía estar en Carabobo. "Lo bueno del Foro Penal es que estamos en todos los estados y todos podemos ayudarnos entre sí."
Las amenazas no cesaron con el resguardo ni han cesado hasta hoy. Cada denuncia pública genera una respuesta. Secretarios, alguaciles, otros abogados, jueces le hacen llegar el mensaje: “publicaste tal cosa, ten cuidado, no lo vieron bien. Siempre tienes la lupa ahí, siempre te están observando", describió Betancourt. Reconoció que el miedo es real y que bloquea. “Pero con el tiempo uno construye una coraza. Yo estoy haciendo lo correcto, estoy al lado de la Constitución y de la ley. Para esto estudié, para esto me gradué y para eso hoy formo parte de la organización."
La presión no lo ha detenido porque la alternativa es el silencio total. Betancourt lo plantea con una pregunta directa: "¿Cómo nosotros sabemos que Misael Estrella está detenido arbitrariamente si no lo denunciamos?" El caso de Estrella es uno de los más emblemáticos que maneja el Foro Penal en Carabobo: en 2023 presentaron un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia y al día de hoy no han recibido respuesta. El caso Paramacay es otro ejemplo: la amnistía fue solicitada y negada, y la organización se encuentra apelando la decisión para intentar revertirla.
41 presos políticos de Carabobo: la amnistía que no llegó
La ley de amnistía generó expectativas que, según Betancourt, no se cumplió. El Foro Penal solicitó la amnistía para los 41 presos políticos que permanecen recluidos en Carabobo. Han sido negadas. En todo el país, la organización contabiliza 473 presos políticos en toda Venezuela.
"La esperanza que han tenido los familiares, pero también la preocupación de muchos de ellos, es cierta, es notable". A eso se suman los recientes disturbios registrados en distintas cárceles del país, que han elevado aún más la angustia de quienes esperan noticias de sus seres queridos.
Betancourt es enfático en un punto: la ley de amnistía no debería ser siquiera el instrumento necesario en muchos de estos casos. "Si la detención es arbitraria, si hubo violación de derechos humanos, si esas personas no deben estar presas, no es necesario que se aplique la ley de amnistía. Simplemente hay que tener la llave de la cárcel y liberarlos."
El Foro Penal solicitó formalmente en distintas instancias el cumplimiento de la ley, sin resultado. Lo que sí ha ocurrido, documentado caso a caso, son relatos de personas que no comen bien, que no pueden dormir, que no han sido atendidas por médicos. Condiciones que la organización no está dispuesta a dejar de denunciar.
Para Betancourt, el trabajo del Foro Penal apunta a un horizonte concreto: que haya justicia, que no se olvide lo que ocurrió, y que jueces, fiscales y defensores públicos respondan por su responsabilidad en lo sucedido.
"Nosotros no vamos a detenernos hasta que logremos la libertad de todas estas personas. Tenemos que llegar a un punto de reencuentro, pero sabiendo que esto no puede ser olvidado."
