Familiares de más de 80 detenidos en el llamado caso Pdvsa-Obrero, por presunto contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se sumaron este miércoles a la protesta que parientes de presos políticos mantienen en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Buscan que la Casa Blanca sirva como mediadora en los procesos judiciales contra los detenidos.
La abogada Zimaru Fuentes, familiar del militar retirado Larry José Moya, llegó a la sede de la embajada junto a otra decena de allegados de detenidos relacionados con este caso, quienes se sumaron al grupo de parientes de presos políticos, instalados en la legación norteamericana desde el pasado domingo.
"No pretendemos que Estados Unidos vaya a resolvernos de un plumazo nuestros casos, pero sí queremos hacerle entender que en el marco de una recuperación de un país y de una recuperación de las relaciones internacionales tiene que pasar por tener un sistema de justicia sano", expresó Fuentes en una entrevista concedida a EFE.
Piden mediación de Barrett ante la Embajada
Con carteles individuales de cartón que formaban la frase "John Barrett escúchanos", los familiares pidieron la colaboración del encargado de negocios de Estados Unidos en la Embajada Venezuela como mediador en el proceso de liberación de los implicados en el caso Pdvsa-Obrero y otros detenidos por razones políticas.
A pesar de que el caso Pdvsa-Obrero salió a la luz en febrero de este año por las denuncias de familiares de los acusados, la investigación continúa bajo hermetismo gubernamental. La causa penal involucra a personas que fueron detenidas desde 2024; algunas no pertenecen a la estatal petrolera y otras son obreros de bajo rango de la empresa.
El motivo de las detenciones está relacionado con el presunto "contrabando de combustible enviado a otros países, durante el bloqueo internacional que afectó a Venezuela, por las sanciones impuestas por Estados Unidos", detalló la abogada Zimaru Fuentes.
De los 160 detenidos, cifra actualizada recientemente, solo 77 han sido excarcelados, en el marco de medidas de excarcelación aprobadas por la Asamblea Nacional, en febrero de este año.
La mayoría de los que aún siguen privados de libertad se encuentran recluidos en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.
