María Tardón, jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, detectó indicios de manipulación en los documentos entregados por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, Ilocad SL, utilizados para fundamentar una querella contra exdirectivos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
El Nacional reseñó que medio español The Objective señaló que la jueza detectó raspaduras e indicios de posible manipulación en los contratos entregados por el despacho del exjuez para sostener la acusación.
El origen de este procedimiento judicial en España se remonta al año 2017 cuando la compañía interpuso a través de Ilocad SL, que ejerce la representación legal de la petrolera, una querella contra varios de sus exdirectivos que habían fijado su residencia en Madrid.
Jueza detecta indicios de manipulación en documentos de Pdvsa
Se les acusaba formalmente de haber orquestado una presunta red de desfalco del patrimonio público venezolano. Sin embargo, según revelaron fuentes consultadas por el periódico, aquella acción penal obedecía a una maniobra pilotada directamente por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro.
Según The Objective, en Caracas reinaba el miedo a que la justicia española abriera una causa de oficio por el presunto saqueo de la petrolera. La llegada a la capital de España de exdirectivos de la etapa de Hugo Chávez —enfrentados y distanciados radicalmente de Maduro— encendió todas las alarmas en el Palacio de Miraflores
“Ante el riesgo inminente de que estos antiguos cargos colaboraran con los tribunales españoles destapando el mapa de la corrupción del régimen, Delcy Rodríguez decidió adelantarse, una estrategia similar a la que ha adoptado con Víctor de Aldama. La estrategia fue fulminante: querellarse contra ellos en España a través del bufete de Garzón antes de que pudieran dar el paso de denunciar al Ejecutivo venezolano. Al tomar la delantera, la cúpula chavista logró colocarse en el rol de querellante y víctima, mientras que sus potenciales delatores pasaban a ser formalmente investigados, dinamitando su credibilidad ante la justicia”, reseñó el medio.
Expediente de compra adjudicado por Bariven
Las sospechas policiales se centran en un expediente de compra adjudicado por Bariven, la filial de Pdvsa encargada de la contratación y adquisiciones internacionales.
El contrato alcanza un importe total de 17 mil 323 millones 454 mil con 49 dólares. Dentro de la estructura corporativa de la petrolera, las autorizaciones están parametrizadas por el sistema informático SAP, un software de planificación de recursos empresariales que fija qué directivo debe firmar en función de la cuantía económica de la operación.
The Objective detalló los tramos de autorización establecidos formalmente en la filial: hasta 1.163.000 dólares se requería la firma de la directiva Ismary Yéguez; hasta 9.302.300 dólares era necesaria la firma de Maximiliano Soto; hasta 18.900.000 dólares se necesitaba la firma del entonces gerente general de Bariven, César Rincón; y de 18.900.000 a 27.900.000 dólares era obligatoria la firma del entonces presidente de Bariven, Javier Alvarado.
Sin embargo, el documento oficial entregado por el despacho de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional presenta supuestas alteraciones.
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