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AFP

Una comisión especial del
Congreso guatemalteco recomendó este sábado levantar la inmunidad al presidente
Otto Pérez, para que sea investigado penalmente por su vinculación a un fraude
millonario en el sistema nacional de aduanas que provocó una crisis política en
el país.

“La Comisión Pesquisidora
(investigadora) recomienda al pleno (del Congreso) que Otto Pérez Molina sea
sometido a los tribunales de justicia y que se le quite la inmunidad”,
dijo en conferencia de prensa el diputado opositor Jorge Barrios, integrante
del comité que entre viernes y sábado realizó la investigación.

Para levantar los fueros a
Pérez el Congreso debe llamar a una sesión y obtener el voto favorable de al
menos 105 de los 158 diputados. Se espera que el lunes la junta directiva del
Legislativo reciba la recomendación y programe una fecha para que lo conozca
todo el Parlamento.

Previo a dar a conocer su
resolución, que fue tomada por unanimidad, la comisión especial integrada por 5
diputados conoció un informe escrito enviado por el presidente Pérez en el que
niega su participación en la estafa al fisco descubierta el pasado 16 de abril.

César Calderón, abogado de
Pérez, dijo a periodistas que debido a que la ley no obliga la presencia física
del Presidente, se optó por entregar el escrito “negando los hechos”
que se le imputan a su cliente, quien se aferra al cargo pese a protestas
masivas que exigen su salida.

Según una investigación de la
Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
un ente adscrito a la ONU, el gobernante guatemalteco es presuntamente uno de
los cabecillas de una mafia denominada “La Línea”, que cobraba
sobornos a empresarios para evadir impuestos.

 Conversación incriminatoria

Con base a la sospecha, ambas
entidades presentaron el 21 de agosto la denuncia ante la Corte Suprema de
Justicia, que autorizó al Congreso a iniciar el procedimiento de antejuicio (retiro
de inmunidad) contra el Presidente.

Una de las pruebas que
involucra a Pérez en la estafa es una grabación telefónica con el detenido
exjefe del ente recaudador de impuestos Carlos Muñoz, a quien le exige cambios
de personal en la entidad, pese a que la institución goza de autonomía.

La exigencia de Pérez fue
interpretada por los investigadores como una injerencia en la entidad para
colocar funcionarios en puestos clave y facilitar la operación ilícita.

El abogado del mandatario
señaló que esa petición obedece a “medidas de coordinación que se toman
con todos los entes del Estado” y que la escucha telefónica “no lo
vincula y no le da grado de participación en la estructura criminal”.

Durante su defensa escrita,
Pérez también explicó que el proceso para retirarle la inmunidad era
improcedente debido a que ya había sido sometido a un trámite similar impulsado
por el diputado indígena Amilcar Pop. Ese procedimiento quedó archivado el 13
de agosto al no alcanzar los votos necesarios para aprobarlo.   

Por el escándalo de corrupción
se encuentra en prisión preventiva la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien
renunció el pasado 8 de mayo tras verse salpicada en el fraude dirigido
presuntamente por su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, ahora prófugo.

Mientras la comisión
legislativa fijaba postura ante el proceso de inmunidad, cientos de
manifestantes empezaban a congregarse frente al Congreso y Palacio Nacional, en
el centro histórico capitalino, a tono con las protestas que buscan presionar a
Pérez para que abandone la presidencia.




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