El fallo adoptado por la Sala Electoral del TSJ contra el Colegio de Abogados de Carabobo evidencia una estrategia para intervenir y neutralizar la libertad de asociación de la organización gremial, en una agenda que comparte el máximo tribunal con el CNE.
Así lo alertó una nota de prensa de la ONG Acceso a la Justicia, en la que destaca que en un mes la instancia judicial ha dictado sus primeras nueve decisiones, y dos de ellas las ha dirigido contra el proceso comicial que preparaba el citado colegios de abogados, pero también menciona una medida similar contra el colegio de los profesionales del derecho del estado Lara.
La organización no gubernamental destaca que tiene gran repercusión el fallo de suspensión cautelar de los comicios para renovar a la junta directiva del Colegio de Abogados del estado Carabobo, elecciones que estaban previstas para el pasado 27 de mayo.
La Comisión Electoral de la organización profesional habría estado preparando el proceso a espaldas del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal y como lo denunció el accionante, el abogado Gianni Evidio Piva Torres, en el escrito que presentó el 18 de mayo.
Paralizó en Carabobo y tiene a Lara en la mira
En virtud de ello, la Sala Electoral no solo paralizó las elecciones del ente, sino que también puso su mirada en las del estado Lara. Sin embargo, el máximo juzgado no emitió ninguna medida en el caso de la entidad centro-occidental por no tener muy claro qué estaban pidiendo los accionantes, a los que les dio dos días de despacho para que “corrijan” su escrito e “indiquen con total claridad y sin lugar a equívocos la descripción narrativa de los hechos, actos u omisiones y demás circunstancias que motivaron la presente acción”.
En Lara, de acuerdo con el recuento que figura en el fallo, la situación es más compleja, porque la última junta directiva del Colegio de Abogados elegida en 2017 no puede sesionar, pues su presidente (José Luis Machado Astudillo) falleció y los demás integrantes renunciaron, quedando solamente dos de los originales. Por ello, en marzo pasado, la Asamblea General del Colegio resolvió designar a otra junta provisional, que no ha podido asumir porque algunos miembros la objetan.
Neutralizando a la sociedad civil
Lo cierto es que en opinión de Acceso a la Justicia, basada en el informe “La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela (2000-2020)”, que la ONG publicó a principios de este año, existe una alianza entre el CNE y el TSJ para obstaculizar el derecho constitucional de asociación de la sociedad civil.
“¿Cómo ha funcionado esa alianza? Por un lado, el organismo comicial aprovechó la entrada en vigor de la Constitución de 1999 para prohibir a los gremios, sindicatos, universidades y asociaciones profesionales celebrar elecciones sin su supervisión y, por el otro, el TSJ ha dictado más de una treintena de sentencias haciendo valer esa veda”.
La consecuencia de esta estrategia, de acuerdo con el reporte de Acceso a la Justicia, radica en que “el máximo juzgado consolidó la grave distorsión con la ilegítima utilización del control judicial para fines distintos a los establecidos en el texto constitucional, como sería controlar e inmiscuirse en las elecciones de los colegios de abogados con el único objetivo de secuestrarlos, en violación de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.
Al ciudadano común le afecta la situación por cuanto se producen en un momento en el que las amenazas contra las organizaciones cívicas se han recrudecido.
“Prueba de ello es que en las últimas semanas un alto funcionario (el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava) ha demandado judicialmente a dos activistas de derechos humanos, lo que parece augurar malos tiempos para todas aquellas organizaciones, instancias y movimientos que no están bajo el control de las autoridades”.
Puntualiza Acceso a la Justicia que teme que el asunto exacerbe la “reducción del espacio cívico” denunciada en sus informes por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Con nota de prensa.