La mayoría de las víctimas de amedrentamiento, persecución y encarcelamiento provienen de los sectores populares y son jóvenes menores de 25 años. Organismos internacionales han manifestado preocupación por el grave deterioro de los derechos políticos, civiles y la libertad de expresión en Venezuela.
«Nos toman fotos sospechosamente en la calle», «hay detenidos que no han hecho nada y ni se sabe dónde están», «nos persiguen por lo que ocurrió con las elecciones, por el tema político», «sacan a la gente de sus casas sin órdenes y los golpean», «los sapos del barrio nos denuncian por reclamar algo legal», «una vecina que es del consejo comunal le dijo a toda la gente chavista que yo era opositor», «tengo el sueño invertido», «estamos escondidos» son algunos de los testimonios que se han vuelto comunes en las dos últimas semanas tras la realización de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato.
Luego de que se anunciara a Maduro como vencedor de los comicios y que la oposición asegurara que las actas que tiene en su poder dan el triunfo con un amplio margen para Edmundo González con casi 70% de los votos y que el actual mandatario solo habría obtenido 30%, los ciudadanos de Venezuela salieron a las calles a reclamar al ente comicial la publicación de los resultados de manera detallada, pero estas manifestaciones fueron reprimidas desde el poder y los ciudadanos son amedrentados, perseguidos, hostigados, desaparecidos, encarcelados y acosados hasta el punto de evitar usar sus teléfonos celulares en la calle o salir a la puerta de sus casas.
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En Venezuela de día se grita "No tenemos miedo" y de noche se teme por la integridad propia
Aunque en las últimas manifestaciones los venezolanos en distintas regiones del país gritaban: «No tenemos miedo», parece que este se ha incrementado con el pasar de las horas tras el recrudecimiento de la persecución oficialista. El gobierno respondió a las protestas con violencia, con los colectivos armados en la calle y tocando puerta a puerta en busca de detractores del poder, usaron la fuerza extrema, dejando miles de detenidos, 25 muertos y heridos.
Trabajadores de Sidor dijeron a TalCual que los persiguen por votar por Edmundo González en las elecciones presidenciales. Varios de ellos están escondidos por temor a ser encarcelados, han sacado a sus familiares de sus casas, no salen después de las 6:00 pm y no llevan a la calle sus teléfonos para que las autoridades no los revisen.
«Salimos de día y sin teléfono porque hay persecución fuerte por parte de Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Nacional), Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB)», dijo un empleado de la siderúrgica que lleva días escondido luego de que las autoridades fuesen a la empresa donde labora para indagar sobre su dirección actual.
«Saqué a mi familia de aquí (su hogar en Venezuela), estoy solo porque estamos amenazados y si me vienen a buscar no quiero que mis hijos vean eso», contó el hombre, quien también estudia la posibilidad de resguardarse en otro espacio.
El régimen con más crímenes que votos
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, detalló que el «amedrentamiento y persecución contra activistas y dirigentes de los partidos de oposición es la continuidad de una política de persecución sistemática contra la disidencia», agregó que estos hechos están identificados por la Corte Penal Internacional (CPI), así como los crímenes de lesa humanidad y la persecución y recordó que la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas también ha denunciado estas prácticas.
Sin embargo, Alvarado aclaró que la persecución en 2024 tiene tres elementos distintivos: «La masividad de las detenciones en tan pocos días» y expuso que desde el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile (1973) «en América Latina no se había vivido una ola represiva por motivos políticos como la que se ha vivido en los últimos días en Venezuela».
En segundo lugar, el defensor de derechos humanos resaltó «la aplicación indiscriminada de la Ley contra el Terrorismo, acusando a todos los detenidos, incluyendo adolescentes, de delito de terrorismo» y, por último, indicó que «la mayoría de las víctimas provienen de los sectores populares: más de 80% las personas detenidas y posteriormente encarceladas son de estas zonas y además jóvenes menores de 25 años».
Detenciones sin restricción de edad
Un adolescente de 17 años de edad con autismo fue una de las 30 personas detenidas en Los Teques, estado Miranda de Venezuela, entre los días 29 y 30 de julio tras las protestas postelectorales; pese a que su familia presentó informe psicológico que detalla su condición y los abogados aseguraron que no es imputable, sigue detenido en un calabozo de Polimiranda.
Presentaron al adolescente ante los tribunales por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio; lo mismo ocurrió con otros jóvenes con edades entre los 16 y 25 años de edad. El adolescente con autismo salió el 30 de julio para encontrarse con unos amigos y se acercaron al centro de Los Teques a ver qué estaba pasando en la zona.
Marino Alvarado aseguró que quienes están en mayor riesgo son «los dirigentes políticos intermedios que tienen incidencia en los estados y municipios y los líderes sociales comunitarios que tienen capacidad de convocatoria».
Atentados contra los dirigentes políticos opositores
Una activista del Comando ConVzla que trabajó en un centro de votación en el estado Apure también se vio obligada a abandonar su casa y resguardarse en otro lugar, al igual que otros testigos de mesa que trabajaron el día de las elecciones presidenciales para cuidar los votos de Edmundo González pues afirmó que están siendo «amedrentados» y que se ha «sembrado miedo».
Los colectivos fueron a buscar a esta persona hasta la puerta de su casa y una moto se estacionó en la entrada. Otros opositores vivieron la misma experiencia.
La misma situación está viviendo un joven al oeste de Caracas, quien fue testigo de mesa para la Plataforma Unitaria, y afirmó: «El miedo que teníamos no era normal. Fue horrible», pues integrantes del consejo comunal compartieron las direcciones de testigos opositores y los colectivos fueron a ubicarlos en sus casas.
Este joven tiene que poner los muebles detrás de la puerta todas las noches porque vive con su madre y sienten pánico de que vayan a llegar por ellos. Agregó que en donde vive, que es una zona popular, «los policías agarran a la gente que les provoque para revisarles el teléfono o para buscarlos en una carpeta que tienen en un iPad con fotos (de los vecinos para identificarlos); así tal cual como cuando las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) buscaban a los malandros».
Este joven y su madre no salen de su casa desde el 28 de julio, día en que se realizaron las elecciones presidenciales.
Otro hombre también relató a este medio que se encuentra escondido porque después de los comicios comenzaron a pasar fotos de él en grupos de WhatsApp acusándolo de haber querido atentar contra un centro de votación y solicitando información de su paradero, acusación que afirma es falsa.
La situación generó cambios en la rutina de los ciudadanos de Venezuela
Todas estas personas alteraron su rutina diaria, se escondieron para resguardar su vida y algunos de ellos se plantean buscar una forma para salir de Venezuela antes de que los encarcelen por delitos que no cometieron. Y todos optaron por conversar con este medio protegiendo su identidad para evitar que los ubiquen.
Hay 51 activistas y dirigentes víctimas de hostigamiento, allanamientos o detenciones arbitrarias entre el 29 de julio y el 5 de agosto de este año. En la mayoría de las actuaciones, los funcionarios estuvieron encapuchados y sin insignias visibles que los identificaran con algún organismo.
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