El último informe publicado por Amnistía Internacional refleja las condiciones de vida de los venezolanos durante el año 2016, el capítulo país estuvo marcado por críticas: Opositores presos, uso excesivo de la fuerza pública, violencia, impunidad, torturas, escasez de alimentos y medicinas.
Una estrategia perversa que aplica el gobierno Nicolás Maduro para acallar las voces críticas frente a una justicia caracterizada por la impunidad, refirió, Marcos Gómez, director ejecutivo de AI en el país.
La Organización no gubernamental trabaja con 30 casos en el país, todos detenidos por motivos políticos, no obstante que la cifra alcanza los 100. Leopoldo López es considerado por AI un «preso de conciencia».
“En su mayoría, ellos se encuentran atrapados en un limbo legal, que hace que sus procesos luzcan como injustos”, señaló, en referencia a las decenas de presos políticos que permanecen detenidos sin haber recibido condena o tener siquiera pruebas en su contra.
La prioridad de su labor con el grupo de venezolanos es velar por el debido respeto a los derechos humanos de los detenidos, tratando de evitar la restricción de sus garantías.
Tarea poco fácil en 2017, cuando la realidad da muestras que la situación tiende a caotizarse, un ejemplo está en que han librado 18 ordenes judiciales de libertad y ninguna la ha cumplido el gobierno de Maduro.
Detenciones arbitrarias
El patrón de detenciones arbitrarias se ha convertido en algo común. El Gobierno captura a la gente con vocación de servicio social, de trabajo político, alejados de la violencia, y sin pruebas y sin testigos los incrimina.
Lo más grave que enfrenta una persona que sea capturada por los servicios de inteligencia, es que siempre es considerada culpable, violando el principio de que toda persona tiene que ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario.
De allí que los presos políticos enfrentan pocas posibilidades de enfrentar un juicio justo. apuntó Gómez.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, cumplió dos años detenido y solo ha tenido una audiencia, cuando legalmente al mes debió ser llevado a tribunales. Sin pruebas el chavismo certifica su culpabilidad.
Ledezma es líder de Alianza Bravo Pueblo, es una autoridad legítima votada por los venezolanos y no obstante, lo procesan tras las rejas. Apuntó Gómez.
También citó el caso de Marcelo Crovato, un abogado venezolano-argentino, que “está detenido de forma arbitraria solo por ser abogado y ser defensor de los derechos humanos”
Son considerados enemigos por el régimen de Maduro y esto es un patrón muy preocupante. Agregó que se trata de una estrategia perversa de encerrar a la gente por lo que piensa.
Las condiciones de reclusión de los presos políticos también fue abordada en el informe de AI, el entrevistado mencionó la realidad de las cárceles venezolanas y mencionó la existencia de una prisión llamada “La tumba”, donde presuntamente el régimen tortura a sus detenidos, y las denuncias no son procesadas de manera adecuada, solo conocen que se trata de una celda de castigo.
“Estrategia de puerta giratoria”
El gobierno ha demostrado la estrategia de puerta giratoria, en el marco del diálogo con la oposición: Mientras libera un preso político, captura dos y el régimen se desconecta de su obligación de rendir cuenta.
“Por ejemplo, permitir la entrada de observadores y relatores de Naciones Unidas”.
“La salida de Venezuela del sistema interamericano bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana marcó, de alguna forma, un divorcio de Venezuela de su voluntad de rendir cuentas y de cumplir peticiones internacionales a favor de los derechos humanos”, explicó.
Para el director venezolano de A.I. “muchos de los problemas del país requieren de diálogo”. Afirmó que se requiere impulsar un referendo revocatorio e incluso detener el intento de Maduro de disolver la Asamblea Nacional.
“La Asamblea Nacional tiene que ser reconocida. Se debe facilitar al máximo su labor y es fundamental incluso para la rendición de cuentas”, aseveró.
En pos de una salida de la crisis por la vía pacífica, Gómez también consideró fundamental una intervención adecuada por parte de los países de la región y los distintos actores regionales. “El Mercosur, Unasur, todas estas instancias, la OEA… tienen que usar su liderazgo de forma positiva y centrado en derechos humanos para lograr avances en Venezuela”.
Pero mientras tanto, el gran perjudicado es el venezolano. Ese que está atrapado “entre dos tragedias: la violencia armada (…) y la emergencia económica”.
Venezuela esté en el tope de su crisis, que se refleja en el aumento de víctimas consecuencia de la situación política, desnutrición, muertes por faltas de medicamentos y estos son elementos que deberían llevar ambas partes a un acuerdo.
