(Foto EFE)

El asalto de este domingo a una base militar en el estado de Carabobo, que dejó dos muertos y diez detenidos, llevó al presidente Nicolás Maduro a ordenar que se extreme la seguridad en las instalaciones castrenses de todo el país ante lo que calificó de ataque terrorista.

«He ordenado que se revisen y se eleven todas las medidas de prevención y seguridad de todas las unidades militares del país», dijo Maduro durante su programa dominical en la televisión pública, que comenzó tarde ya que el mandatario estaba atento a los sucesos de Carabobo.

Un grupo de unos veinte hombres vestidos de militares y portando armas largas reivindicó en un vídeo una sublevación «contra la tiranía asesina de Nicolás Maduro» que fue reducida por el Ejército en el mismo Fuerte Paramacay donde habían asaltado la base de la 41 brigada blindada.

El portavoz rebelde se identificaba como el capitán Juan Caguaripano, que decía ser «comandante de la operación David Carabobo y estar acompañado de oficiales, tropas activas y en reserva de todos los componentes de las Fuerzas Armadas y de policías dispuestos a devolver la libertad a Venezuela.

Según informaron a Efe fuentes militares, una parte de los asaltantes consiguió huir con un centenar de fusiles y varios lanzagranadas que hasta el momento no han podido ser recuperados.

Los muertos y detenidos son, según el presidente, nueve civiles y un «teniente desertor».

Otro «teniente desertor» se encuentra entre los que lograron escapar con las armas.

Otra fuente militar indicó a Efe que entre los detenidos hay tres oficiales de tropa de bajo rango -un sargento de la reserva de paracaidistas, un teniente que desertó hace tres meses de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un miembro de la Milicia (civiles armados)- y cinco civiles.

Juan Caguaripano fue apartado de la Guardia Nacional (GNB, Policía militarizada) en 2014 por renegar en un vídeo de la revolución bolivariana y denunciar «la violación de la soberanía nacional» por parte de «agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros» en «la administración pública y militar».

Desde entonces, había permanecido en la clandestinidad -según las Fuerzas Armadas venezolanas recibió protección en Miami- y ha sido implicado por el Gobierno en un plan golpista que planeaba en 2015 el asesinato de Maduro.

Tras los hechos de este domingo, las Fuerzas Armadas expresaron su lealtad a Maduro y a la revolución bolivariana, y aseguraron que los apresados han confesado haber sido «contratados» por la «extrema derecha venezolana» (un término habitual del oficialismo para referirse a la oposición) para ejecutar su acción de hoy.

La asonada fue respaldada cerca del Fuerte Paramacay por una manifestación que fue dispersada por las fuerzas de seguridad.

El dirigente local del partido opositor Avanzada Progresista (AD) Ramón Rivas murió por herida de bala durante la concentración, confirmaron compañeros de filas.

La Fiscalía venezolana había contabilizado hasta ahora un total de 121 muertos desde que comenzó el pasado 1 de abril la última ola de protestas callejeras contra Maduro.

El asalto al Fuerte Paramacay ocurre tras la instalación el viernes pasado de la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el chavismo gobernante para que cambie la Carta Magna y reordene, con la obediencia de todos los poderes constituidos, la estructura del Estado venezolano.

La Constituyente buscará construir una «sociedad sin clases», y es un intento de consolidar una dictadura en el país según la oposición y numerosos agentes sociales, que han convocado multitudinarias manifestaciones para exigir a Maduro que retire este órgano no reconocido por una buena cantidad de países.

Una de las figuras con más peso de la Constituyente, el político chavista Diosdado Cabello, culpó del asalto al Fuerte Paramacay a «grupos terroristas mercenarios», y anunció la activación de «planes de defensa» para «garantizar la seguridad interna» al conocerse el ataque armado.

Para la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, lo sucedido en la base «refleja la división y el quiebre institucional» que la Constituyente y los abusos y la mala gestión que le recriminan a Maduro han creado en las Fuerzas Armadas, uno de los pilares de la revolución chavista.

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre lo que sucedió con la sublevación y le instó a que no culpe a la oposición de lo sucedido.




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