Un pueblo de valle amazónico de Perú ordenó que todos los migrantes venezolanos deben abandonar la ciudad antes del 20 de diciembre, una medida que no tiene valor alguno bajo la ley peruana.
“La expulsión ha sido aprobada”, declaró, a The Associated Press, Yover Solís, vocero del Alcalde del Distrito de Pichari, un pueblo de más de 20 mil habitantes, ubicado en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Las autoridades peruanas indicaron que el extenso valle en donde se ubica Pichari, es donde se produce más cocaína en la nación. También en esa localidad se encuentra el cuartel de las Fuerzas Armadas y policiales más importante de la región.
Solís dijo que el alcalde, Máximo Orejón, “no está de acuerdo con la decisión tomada el fin de semana por la asamblea vecinal, pero que debe ‘respetar’ la decisión”. La expulsión fue aprobada en un local del municipio por 126 votos a favor y 50 en contra.
Los miembros de los Comités de Autodefensa del distrito, que por décadas vigilan la seguridad en las calles, impulsaron la medida, señaló Solís.
No existen cálculos exactos del número de migrantes venezolanos que viven en Pichari, pero Solís indicó que habían más de 200. El ministro del Interior Carlos Morán dijo a la prensa que Perú rechaza “toda práctica de xenofobia”.
No existe ley peruana que despoje a una persona en territorio nacional de su libertad de circulación o residencia. Carlos Scull, embajador nombrado por la oposición venezolana, dijo en un comunicado que ven “con preocupación los hechos ocurridos en el distrito de Pichari, donde un grupo de ciudadanos ha pretendido tomar medidas contrarias a la Constitución Política del Perú y a los compromisos internacionales adquiridos en detrimento de la comunidad venezolana”. Naciones Unidas aprobó en 1985 una resolución en donde “queda prohibida la expulsión individual o colectiva” de los extranjeros “por motivos de raza, color, religión, cultura, linaje u origen nacional o étnico”.
En lo que va del año otros dos municipios han intentado, infructuosamente, ejecutar medidas contra migrantes venezolanos.
El municipio de Pisco buscó recolectar de forma obligatoria los datos personales de los venezolanos que viven en la zona. Además, el alcalde de la provincia de Huancayo también impulsó una ley municipal para dejar su jurisdicción “libre de venezolanos”. Ambas decisiones fueron desactivadas posteriormente por posibles juicios contra las autoridades por el delito de discriminación.
Con información de Punto de Corte
