El gobierno de Venezuela ha cometido «numerosas violaciones de los derechos humanos». Es la conclusión la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hizo público este jueves un informe sobre la situación en el país sudamericano.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las conclusiones de Bachelet por considerar que «no es objetivo ni imparcial» y presenta una visión «selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos» en el país.
El contenido del reporte de la expresidenta de Chile es similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales, que también fueron rechazados por el gobierno.
Para su informe, Bachelet, quien visitó el país entre el 19 y el 21 de junio, están basadas en entrevistas hechas por los representantes de la Misión ONU, a más de 558 personas, todas ellas víctimas de abusos y testigos.
Este viernes, la expresidenta de Chile presenta el informe para su estudio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, Suiza.
Su difusión se produce pocos días después de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras permanecía detenido por los servicios de inteligencia acusado de participar en un complot golpista contra el presidente Nicolás Maduro.
Y poco después también de que agentes de policía del Estado Táchira dejaran sin ojos a perdigonazos a un joven que protestaba por la falta de gas en su comunidad.
La alta comisionada prevé que, de no mejorar la situación en Venezuela, seguirá aumentando el número de venezolanos que abandona su país. Ya son más de cuatro millones, según las estimaciones de Naciones Unidas.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro presentó este jueves 70 «observaciones» que dan cuenta de los errores que, según las autoridades venezolanas, contiene el informe de Bachelet.
«Ejecuciones extrajudiciales» para el «control social»
Aunque no da por probados los supuestos homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad, el informe de Bachelet afirma que «miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han muerto en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años».
La comisionada afirma que «existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la FAES».
La FAES es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad creado por orden del presidente Maduro con el objetivo declarado de erradicar la delincuencia.
La actuación del FAES ha estado rodeada de polémica desde su creación y se han registrado numerosas denuncias de atropellos y abusos de sus integrantes.
Bachelet expresó su preocupación con que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad «como parte de una política de control social«.
«Detenciones arbitrarias» y tortura contra la oposición
Según el informe de la comisionada, no es la FAES el único cuerpo policial responsable de «graves vulneraciones».
Derechos de autor de la imagenTWITTER @FRANKLYNDUARTE_Así, el documento dice que «la Guardia Nacional y la Policía Nacional han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014″.
Al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el informe les atribuye haber sido «responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares».
Igualmente, «los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia».
«Corrupción» en un país con 3,7 millones de desnutridos
Bachelet concluye que en Venezuela también se conculcan los derechos económicos de los ciudadanos.
«El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural», afirma el informe.
El derecho a la alimentación de los venezolanos tampoco pasa por su mejor momento, de acuerdo con las conclusiones del informe, que afirma que «el principal programa de asistencia alimentaria, conocido como ‘cajas CLAP’, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente».
Leer reportaje completo: https://www.bbc.com
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