Numerosos habitantes de Rangún huían este viernes de la principal ciudad de Birmania, donde la junta militar intensifica su sangrienta represión contra los manifestantes prodemocracia.
Casi 230 manifestantes han muerto desde el 1 de febrero, el día del golpe militar que instaló en el poder a la junta y derrocó al gobierno civil dirigido de facto por Aung San Suu Kyi.
El balance podría ser más grave, pues centenares de personas están desaparecidas, o detenidas de forma secreta o sin acceso a un abogado.
En este contexto, el éxodo crece en Rangún, ciudad de cinco millones de habitantes sometida en parte a la ley marcial.
El viernes por la mañana, se formaban importantes atascos con vehículos abarrotados en una de las principales avenidas, para salir de la capital económica de Birmania, según imágenes divulgadas por un medio local.
«Vuelvo a mi Estado natal de Rakhine», en el oeste del país, dice a la AFP una habitante, dispuesta a tomar un autobús.
«No me siento segura, soy incapaz de dormir. En mi barrio, las fuerzas de seguridad han secuestrado y torturado a gente», agrega.
En las redes sociales, muchos internautas alentaban a la población a irse, ya que «la situación en la ciudad es aterradora» aunque otros imploraban que se quedaran por «solidaridad».
Flujo de refugiados
Del otro lado de la frontera, las autoridades tailandesas se preparan a recibir un flujo de refugiados, «de 30 mil a 50 mil», según dijo a la AFP el gobernador de la provincia de Tak, Pongrat Piromrat.
Unos 90 mil refugiados birmanos viven ya a lo largo de la porosa frontera de mil 800 km que separa a los dos países. Huyeron tras décadas de guerra civil entre el ejército y facciones rebeldes.
Entretanto, Birmania se cierra cada vez más. Las conexiones a internet siguen muy perturbadas y solamente los medios estatales cubren ahora la crisis.
Las fuerzas de seguridad mantienen además la represión. El viernes, al menos dos manifestantes murieron en el centro del país, según el empleado de una funeraria.
Y unas 2 mil 200 personas han terminado detenidas estas últimas seis semanas, en particular miembros del partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Uno de los principales responsables del partido, Mahn Win Khaing Than, que preside un parlamento paralelo constituido tras el golpe para denunciar al régimen militar e intentar resistir políticamente, ha resultado encausado, según los medios estatales, por «alta traición», un crimen que puede ser castigado con 22 años de cárcel.
Y las amenazas judiciales se ciernen sobre Suu Kyi, detenida en lugar secreto desde el 1 de febrero.
Presión internacional
La antigua dirigente de 75 años, ya quedó inculpada de cuatro cargos: importación ilegal de walkie-talkies, incumplimiento de las restricciones relacionadas con el coronavirus, violación de una ley sobre las telecomunicaciones e incitación a desórdenes públicos.
Pero a ello se han añadido cargos por corrupción que su abogado, al que no han autorizado a reunirse con su cliente, consideró que «no tienen fundamento y resultan absurdos».
Si la premio Nobel de la paz de 1991 es declarada culpable de los cargos que se le atribuyen, podría pasar muchos años en prisión y ser excluida de la vida política. Una audiencia judicial está prevista el 24 de marzo.
De momento, la junta ha ignorado las múltiples condenas internacionales y las sanciones aplicadas por varias potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Bruselas podría adoptar el lunes nuevas sanciones, en concreto contra intereses económicos de militares birmanos, indicaron fuentes cercanas al canciller francés, Jean-Yves Le Drian.
En Ginebra, los expertos de derechos humanos de la ONU contemplan que los Estados se basen en el principio de la competencia universal para enjuiciar a los generales «responsables de actos que pudieran constituir crímenes contra la humanidad».
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