Canciller Jorge Arreaza. (Foto AFP)

Venezuela denunció hoy que el intento de nuevas sanciones del Gobierno de Canadá contra varios funcionarios e integrantes del oficialismo es una abierta violación de las más elementales normas del Derecho Internacional Público.


Venezuela rechaza enérgicamente el nuevo intento por parte del Gobierno de Canadá de imponer medidas coercitivas unilaterales en contra de ciudadanos venezolanos, en abierta violación de las más elementales normas del Derecho Internacional Público”, aseguró la Cancillería venezolana en un comunicado en su página web.

El texto afirmó que la conducta proimperialista del Gobierno canadiense lo ha llevado a tratar de agredir a Venezuela por distintas vías en las últimas semanas, haciendo gala de un evidente y risible complejo de superioridad, en su continuo intento por desconocer la voluntad democrática del Pueblo venezolano.

Para Venezuela, continuó el documento, las acciones de Ottawa “responden a la humillante subordinación de su política exterior a la administración racista y supremacista de (el presidente de los EE.UU.) Donald Trump”.

“Los hechos apuntan a que esta política servil de las autoridades canadienses es producto del desespero de ese Gobierno para evitar perder beneficios y preferencias en los tratados comerciales con Estados Unidos”, añadió.

Canadá anunció hoy que impondrá más sanciones a 14 personas cercanas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incluida su esposa, “en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas” celebradas en el país suramericano el 20 de mayo.

Esta postura es defendida también por Washington, varios Gobiernos latinoamericanos y la Unión Europea.

El anuncio canadiense se conoce un día después de que expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos afirmaran que el Gobierno venezolano ha cometido delitos de lesa humanidad.

En los comicios del pasado 20 de mayo, en los que fue reelegido Maduro, no participó la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ya que consideró que las condiciones no eran justas ni transparentes y por las que las calificó de fraudulentas e inexistentes.

Esta postura y argumentos fueron apoyados por, entre otros, Estados Unidos, el Parlamento Europeo (PE) y el Grupo de Lima, formado por más de una decena de países americanos, entre otros. 




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