La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó este lunes una audiencia por un caso contra Venezuela por violaciones a los derechos del abogado y comunicador Tulio Álvarez, condenado por difamación tras denunciar falta de fondos en los ahorros de los trabajadores.
El caso fue introducido en la audiencia por el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien denunció un «patrón» de intimidación a los comunicadores en Venezuela.
«Por el hecho de denunciar y pedir rendición de cuentas, (Álvarez) ha padecido persecución y sanciones desproporcionadas. Lo obligaron a arrepentirse en dos oportunidades, se le prohibió salir del país y aspirar a cargos públicos», declaró Lanza ante los jueces.
El caso se refiere a la violación del derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos y la libertad de circulación de Tulio Álvarez Ramos, por un proceso penal en su contra debido a la alegada comisión del delito de difamación agravada.
Según la acusación de la CIDH, Álvarez fue acusado de difamación tras publicar en el 2003 una columna en el diario Así Es la Noticia, en la que informó sobre el supuesto desvío de fondos de la Caja de Ahorro de los Trabajadores y Jubilados de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El 28 de febrero de 2005, un Juzgado venezolano lo sentenció por difamación agravada continuada a dos años y tres meses de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos políticos.
«Tengo una pena perpetua y difamante, no puedo acceder a cargo públicos en Venezuela«, declaró Álvarez ante los jueces de la Corte Interamericana, que tiene su sede en Costa Rica.
El abogado dijo que ha ejercido como profesor universitario por tres décadas, ha defendido trabajadores y sindicatos, y ha tenido actividad en medios de comunicación como columnista y en programas de radio y televisión.
Álvarez señaló que «después de tantos años de pelea por primera vez estoy en un tribunal, ya estoy feliz. Ver la justicia y pensar que eventualmente mi caso pueda servir para evitar que otras personas en la región sufran lo que yo sufrí y para que en Venezuela se vuelva a cierta libertad de expresión, para mí es vital», expresó.
Álvarez asegura que su nombre sigue apareciendo en los registros criminales de Venezuela, lo que le ha afectado para acceder a opciones laborales y en su vida personal.
El relator Lanza indicó en la audiencia que la CIDH ha documentado «decenas de casos» similares que se constituyen en un «patrón de intimidación» hacia los periodistas, defensores de derechos humanos y abogados que denuncian casos de corrupción.
«Se dictan medidas precautorias para evitar la salida del país de quien se expresó. Los procesos permanecen abiertos durante años, lo que ha obligado al exilio a periodistas, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos a abandonar la profesión por miedo a la prisión», afirmó Lanza.
El relator de la CIDH afirmó que la legislación penal de Venezuela que protege la honra y la reputación de los funcionarios «no cumple con los requisitos de la Convención Americana de Derechos Humanos».
El representante del Estado venezolano, Larry Devoe, antes de interrogar a la presunta víctima, dijo que con su presencia en la sala de audiencias su país «está honrando sus compromiso a pesar del golpe de estado que está en desarrollo».
La audiencia concluirá el martes con los alegatos finales de las partes. EFE
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