Los avances han sido lentos, pero significativos. Este año Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina con una investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Según especialistas, el apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional será vital en esta nueva etapa, ante un probable escenario de no cooperación por parte del Estado venezolano.
“La apertura de la investigación nos obliga a ser más eficientes en la búsqueda de pruebas e identificación de los responsables”, aseguró este miércoles 8 de diciembre Santiago Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el foro “Caminos hacia la justicia y rendición de cuentas para Venezuela”.
El defensor de los derechos humanos resaltó que los actores de la sociedad civil y la comunidad internacional deben aprovechar esta fase del proceso para, “lo más pronto posible”, buscar y presentar ante la Fiscalía de la CPI pruebas relevantes que demuestren la vinculación entre un hecho concreto y un máximo responsable: funcionarios civiles o militares no solo de bajo rango, sino de medio y alto nivel dentro del gobierno de Nicolás Maduro.
En noviembre, durante la visita a Caracas del fiscal entrante de la CPI Karim Kham, la administración madurista suscribió un memorándum de entendimiento, independiente de la investigación, en el que se comprometió a colaborar con el proceso. Sin embargo, Canton ve poco probable que el gobierno coopere con acciones genuinas que logren satisfacer los requerimientos de la Fiscalía.
“Honestamente no creo que vaya a haber algún tipo de colaboración positiva del régimen, debido a que lo que hace falta en esta etapa es buscar pruebas para identificar a los máximos responsables y el régimen no lo hará, simplemente porque los máximos responsables son quienes están sentados en la mesa con Maduro”, expuso.
Además, advirtió que posiblemente el gobierno ejecute un plan para hacerle creer a la CPI que su intervención no es necesaria, adelantando juicios para sentenciar a funcionarios de bajo rango o proponiendo mecanismos de justicia transicional.
Joanna Frivet, abogada especialista en derecho penal internacional, coincidió con Canton. Consideró que existe un alto riesgo de no cooperación por parte del gobierno venezolano con el proceso, lo que se traduciría en el incumplimiento del principio de complementariedad positiva mediante el cual la Fiscalía de la CPI busca que el Estado tenga la responsabilidad primaria de enjuiciar los casos ocurridos dentro de su territorio.
“Si el gobierno enjuicia solo a funcionarios de bajo nivel, no se cumplirían los requerimientos de la CPI. Es necesario que se juzguen funcionarios de medio y alto rango, y la Fiscalía debería enfocarse en ellos”, señaló. “Los crímenes en Venezuela han estado muy bien documentados, por eso el proceso para la rendición de cuentas de los responsables debe ocurrir muy pronto”.
92 % de impunidad en Venezuela
Por su parte Fernando Fernández, monitor de DDHH en Venezuela, reiteró que las investigaciones realizadas por las autoridades venezolanas para juzgar los crímenes de lesa humanidad no están siendo relevantes ni genuinas, porque se enfocan en enjuiciar funcionarios de rango bajo, quienes en la mayoría de los casos actuaron siguiendo órdenes de otros individuos con roles preponderantes de control dentro de las instituciones y cuerpos de seguridad.
De acuerdo a sus datos, alrededor de 92 % de los crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados en el país siguen impunes.
Ante la consulta hecha por El Carabobeño sobre el latente planteamiento de un proceso de justicia transicional para el caso venezolano, Fernández precisó: “La justicia transicional tiene dos componentes básicos, que son la restauración a las víctimas y la retribución mediante penas. Aún nada de eso se ha hecho. Es más cercana la primera, en favor de las víctimas, que la segunda, ya que en esa última es muy largo el camino que se debe recorrer”.
Ni siquiera los altos funcionarios del Estado, que en algún momento salieron de sus cargos y denunciaron violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad, podrán evadir sus responsabilidades, en caso de demostrarse que las tienen, y tampoco quedarán absueltos, explicó el especialista. Lo que sí puede ocurrir si cooperan con las investigaciones es tener penas menores.
Siete de 11 crímenes de lesa humanidad
Para el ex fiscal general de Canadá, Irwin Cotler, quien también intervino en el foro, no es poca cosa lo que está en juego tras la apertura de la investigación. “Lo que está sobre la mesa es la justicia para el pueblo de Venezuela”, dijo. Él, junto a Canton, formó parte del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tras una rigurosa investigación, en 2018 concluyó que en el país se estaban cometiendo al menos siete de los 11 delitos de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma de la CPI.
“Todos esos crímenes continúan ocurriendo en Venezuela y hoy en día son peor”, agregó. Entre los crímenes de lesa humanidad que el panel de expertos de la OEA describió en su informe están: asesinato, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, violaciones sexuales y persecución política.
A su juicio, la Fiscalía de la CPI debió haber formalizado la apertura de la investigación en el caso de Venezuela mucho antes, ya que existían bases suficientes para creer que en el país se estaban perpetrando los crímenes. “Después de tres años y medio llegamos a donde debíamos llegar y espero que ahora, que hay una investigación, haya justicia para las víctimas y rendición de cuentas por parte de los responsables”.
En el foro participó, además, ex alcalde del municipio Campo Elías, Mérida, Omar Lares, quien expuso su testimonio como víctima de persecución política y otras violaciones de sus derechos. Tras haberse refugiado inicialmente en Colombia, hace poco tomó la decisión de irse a los Estados Unidos, por sentir que su vida y la de su familia todavía estaban en peligro en el país vecino.
Lares habló también en nombre de su hijo, Juan Pedro, otra víctima del Estado venezolano. Al joven de 23 años se lo llevaron detenido en 2017 cuando intentaron capturar al ex alcalde y lo mantuvieron preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en Caracas, donde habría sido sometido a desaparición forzada y tortura.
“A mi hijo lo rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlo”, detalló el dirigente político, ahora exiliado en EE.UU.
El encuentro virtual “Caminos hacia la justicia y rendición de cuentas para Venezuela” estuvo enmarcado en la 20ª Asamblea de los Estados Partes (AEP) de la CPI, como una iniciativa de la OEA, Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad.
